La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, rechazó los señalamientos sobre presuntos conflictos de interés e irregularidades en la contratación de proveedores de material electoral y negó que una de las personas mencionadas en las publicaciones periodísticas haya sido su chofer.
“En el caso de una de ellas, jamás fue mi chofer... Nunca ha sido, ni fue, ni será porque ya no labora aquí... Nunca fue mi asistente especializado... No dejo nada a la imaginación”, afirmó la funcionaria al responder a la polémica que involucra a excolaboradores del organismo electoral.
Durante un mensaje ante medios de comunicación, el 21 de octubre, Taddei sostuvo que las personas señaladas en las publicaciones ya no forman parte de la plantilla laboral del INE, aunque reconoció que trabajaron en la institución.
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La titular del INE informó que los antecedentes relacionados con los posibles conflictos de interés y las declaraciones patrimoniales de los exservidores públicos fueron turnados al Órgano Interno de Control (OIC), instancia que deberá determinar si existieron omisiones o falsedades en la información presentada.
Taddei explicó que las declaraciones patrimoniales y de intereses son responsabilidad individual de cada servidor público, quien debe presentar sus datos bajo protesta de decir verdad.
La consejera presidenta precisó que el instituto proporcionará la documentación que soliciten las autoridades encargadas de revisar el caso.
“El INE colaborará con la información que sea requerida sin interferir en esa investigación”, aseguró.
La polémica también incluye cuestionamientos sobre la relación entre antiguos colaboradores del INE y empresas que suministran materiales electorales al organismo.
Ante estos señalamientos, Taddei rechazó que la presidencia del instituto favorezca a determinadas compañías y defendió los procedimientos de contratación.
Además, anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión de los procesos de licitación para verificar las condiciones en que se asignaron los contratos.
El caso se mantiene bajo escrutinio público por las dudas sobre posibles vínculos entre exfuncionarios y proveedores del sistema electoral.
