La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), por un monto de 514 millones de pesos vinculados a empresas de Alfredo Hernández Casillas, proveedor que, según las indagatorias, tiene nexos con la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei.
De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, fuentes cercanas a la investigación señalaron que las anomalías detectadas incluyen presuntos contratos simulados, operaciones con empresas factureras y triangulación de recursos entre compañías relacionadas con el proveedor.
La ASF informó previamente, mediante un comunicado, que cuenta con indicios de irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos en el órgano electoral. Sin embargo, en ese pronunciamiento no detalló los nombres de las empresas involucradas ni los montos bajo investigación.
Entre las compañías mencionadas en las indagatorias se encuentra TOL Producciones, que habría obtenido más de 300 millones de pesos en contratos con el INE durante 2025. Según las fuentes citadas por Reforma, la empresa presentó licitaciones en bloque junto con Corporativo ZEG y Cajas Graf.
Las pesquisas señalan que TOL Producciones habría registrado operaciones simuladas y que se encuentra sancionada por autoridades fiscales, de acuerdo con registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Además de los contratos con el INE, la compañía obtuvo convenios por 30 millones de pesos con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de distintas entidades del país.
Otra de las empresas bajo revisión es Corporativo ZEG, también vinculada a Hernández Casillas, que obtuvo contratos por 184 millones de pesos con el INE.
Según la información difundida por Reforma, la compañía tenía únicamente cinco empleados registrados, además de que habría subcontratado servicios y recibido facturas de personas morales que realizaron operaciones con empresas señaladas como factureras.
La investigación también apunta a una presunta triangulación de recursos: de los 184 millones de pesos obtenidos mediante contratos con el INE, Corporativo ZEG habría transferido 167 millones a otras cuatro compañías.
En su comunicado, la Auditoría Superior de la Federación indicó que la investigación abarcará al INE, los OPLE, empresas, servidores públicos y proveedores que pudieran estar relacionados con los hechos.
El órgano fiscalizador señaló que ya cuenta con elementos e indicios sobre posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusiones y movimientos de recursos que requieren revisión.
La indagatoria de la ASF coincide con investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, que habría identificado presuntas irregularidades en contrataciones relacionadas con una red de siete empresas cuyo propietario es Hernández Casillas.
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