Los consejeros electorales Carla Humphrey, Arturo Castillo y Uuc-Kib Espadas se deslindaron de las decisiones administrativas relacionadas con contratos durante la gestión de Guadalupe Taddei y pidieron al Congreso de la Unión revisar las facultades otorgadas a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).
Los integrantes del Consejo General señalaron que la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) concentró atribuciones administrativas en la presidencia del organismo, lo que redujo la participación de las demás consejerías en ese tipo de determinaciones.
Ante los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones, los consejeros sostuvieron que no les correspondió tomar esas decisiones y plantearon la necesidad de revisar el marco legal que regula la distribución de facultades dentro del instituto.
Carla Humphrey, Arturo Castillo y Uuc-Kib Espadas solicitaron reconsiderar los cambios legales que ampliaron las atribuciones de la presidencia del Consejo General, al advertir sobre sus efectos en los mecanismos de decisión y supervisión interna.
La reforma al artículo 45 de la LGIPE, aprobada en 2024, permitió a la presidencia del INE realizar nombramientos directos en diversas áreas del instituto, con excepción de la Secretaría Ejecutiva, entre otras modificaciones a sus atribuciones.
Los consejeros cuestionaron que este esquema concentrara decisiones administrativas en la titular del organismo, en lugar de mantener una mayor participación colegiada.
El deslinde ocurre en medio de cuestionamientos sobre contratos con proveedores durante la gestión de Guadalupe Taddei y de llamados a esclarecer posibles irregularidades.
La discusión también reabre el debate sobre los controles internos del INE y el alcance de las facultades de su presidencia, en un contexto en el que los integrantes del Consejo General plantean modificar el marco legal para revisar la distribución de atribuciones dentro de la autoridad electoral.
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