La entrega de monederos electrónicos a diputados federales de Morena abrió cuestionamientos sobre el manejo y la transparencia de los recursos, luego de que se reportara una distribución de tarjetas Broxel con saldo para realizar compras y gastos sin necesidad de presentar comprobantes por cada operación.
De acuerdo con una investigación publicada por El Universal, 254 legisladores de Morena recibieron cinco tarjetas electrónicas cada uno, con un saldo de 10 mil pesos por monedero, durante una entrega realizada el 28 de octubre.
Los monederos corresponden al producto denominado “Tengo Negocios” y, según testimonios de legisladores citados en la publicación, pueden utilizarse para diferentes consumos sin que se les solicite comprobar individualmente en qué se gastó el dinero.
El monto de 63 millones 500 mil pesos fue señalado en la información difundida; sin embargo, existe una diferencia que requiere aclaración: las cantidades individuales descritas equivalen a 50 mil pesos por diputado y a un total de 12 millones 700 mil pesos para los 254 legisladores.
La investigación también señala que este tipo de entregas no sería un hecho aislado, pues legisladores consultados refirieron que reciben monederos electrónicos de manera periódica.
El mecanismo ha generado cuestionamientos sobre el origen presupuestal de los recursos, los criterios para asignarlos y los controles establecidos para verificar su utilización.
Entre las voces que solicitaron revisar el caso se encuentra Norma Julieta del Río, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien planteó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para esclarecer el manejo del dinero.
La distribución de tarjetas también tiene como antecedente otra entrega documentada en abril de 2026, cuando diputados de Morena recibieron monederos electrónicos con saldo de 10 mil pesos por legislador.
El caso coloca nuevamente bajo discusión la transparencia en el uso de los recursos destinados a las actividades de los representantes populares y la necesidad de conocer quién autoriza estos apoyos, de qué partida provienen y cómo se fiscalizan.
El Universal
