La presidenta afirmó que el grupo habría mantenido vínculos con organismos electorales durante al menos 27 años y obtenido contratos por miles de millones de pesos. Señaló que la UIF, la ASF y, en su caso, la FGR determinarán si existen elementos para proceder legalmente.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se dará a conocer una investigación sobre una presunta red de empresarios y exfuncionarios electorales que, de acuerdo con sus declaraciones, ha mantenido relaciones con organismos electorales desde hace más de dos décadas y ha obtenido contratos millonarios.
Durante su conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la mandataria calificó el trabajo como una investigación “muy interesante y muy relevante”, pues, explicó, permitirá conocer cómo se formaron los vínculos entre empresarios y actores del sistema electoral mexicano.
Sheinbaum sostuvo que esta estructura no surgió recientemente, sino que tiene antecedentes de al menos 27 años, periodo en el que sus integrantes habrían establecido relaciones comerciales con distintas autoridades electorales.
“Cómo es que surge esta red, dónde trabajaron estos empresarios que recientemente salieron vinculados con la expresidenta del INE, cómo surgieron, cómo es que contratan a finales del siglo pasado, en los noventas, con el Instituto Electoral del Estado de México”, expuso.
La presidenta adelantó que el análisis, elaborado a partir de información de fuentes abiertas, abordará los antecedentes de estas relaciones y algunos episodios polémicos relacionados con organismos electorales.
Entre los hechos que mencionó se encuentra un presunto escándalo ocurrido en 2005, aunque no ofreció mayores detalles sobre ese episodio durante el fragmento de la conferencia.
La investigación también buscará explicar cómo evolucionaron las relaciones entre los empresarios señalados y distintas instituciones electorales, así como la manera en que habrían obtenido contratos a lo largo de los años.
De acuerdo con Sheinbaum, los vínculos recientes de algunos de estos empresarios con la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, forman parte de los aspectos que serán revisados.
En cuanto a las posibles consecuencias legales, Sheinbaum aclaró que las sanciones dependerán de los resultados de las investigaciones y de los elementos que encuentren las autoridades competentes.
Explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza indagatorias relacionadas con denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En caso de que se identifiquen elementos que lo justifiquen, la UIF podría presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Lo que está hoy en el Gobierno de México es lo que ha estado haciendo la UIF, la investigación que tiene que ver mucho de las denuncias de la ASF y, si es procedente, la UIF presentará denuncia penal ante la FGR”, señaló.
De esta manera, la mandataria indicó que cualquier procedimiento penal dependerá de los hallazgos y de la valoración de las instituciones responsables, sin adelantar posibles sanciones o responsabilidades.
La presidenta no presentó durante ese momento los nombres de todas las personas involucradas ni documentación específica sobre los contratos mencionados, pero aseguró que el trabajo permitirá reconstruir la trayectoria de esta presunta red y sus relaciones con las autoridades electorales.
