La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga a siete empresas, 83 personas y 89 vínculos entre ellas, como parte de las indagatorias por presuntos actos de corrupción relacionados con la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
De acuerdo con los hallazgos del órgano auditor, el análisis tiene como punto de partida a Cajas Graf y Corporativo ZEG, empresas que han sido proveedoras de material electoral para el INE y que aparecen relacionadas con otras compañías mediante socios, administradores, representantes y delegados.
Entre las sociedades identificadas están Formas Finas y Materiales, TOL Producciones y Seriplast México. La ASF señaló que encontró conexiones corporativas entre estas empresas y destacó que cinco personas aparecen vinculadas tanto con ZEG como con Graf.
Entre los nombres identificados se encuentran César Rodríguez Ureña, Omar Salvador López Sánchez, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
El esquema también ubica a Alejandro Olaya Ortiz como enlace entre Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales, mientras que Tatiana Patricia Hernández Velázquez aparece relacionada con Cajas Graf y Seriplast México. Además, Cajas Graf figura vinculada con TOL Producciones.
Fuera de esta red de relaciones corporativas, pero también bajo investigación, la ASF identificó a las empresas Corona J.E. y Comercializadora JVLY.
Sobre esta última compañía, el órgano fiscalizador ya había señalado, durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, un probable daño al erario por 63.2 millones de pesos, debido a que presuntamente no proporcionó los servicios para los que fue contratada por el INE.
Uno de los casos que destaca en el análisis es el de Jonathan Navarrete Torres, quien estaba contratado en el INE como supuesto chofer de Guadalupe Taddei y aparece también como apoderado de Corporativo ZEG.
Según el documento de la ASF, entre mayo de 2025 y marzo de 2026, Navarrete Torres reportó ingresos por 601 mil 751 pesos.
La auditoría también detectó operaciones por 21.3 millones de pesos relacionadas con proveedores de Corporativo ZEG que trabajaron con un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), encargado de validar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), cuyas certificaciones fueron revocadas.
La ASF indicó que las relaciones corporativas y los antecedentes laborales detectados representan indicios que requieren una revisión más profunda de las contrataciones públicas.
El objetivo de las indagatorias es determinar si existieron posibles conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales. Hasta el momento, los vínculos identificados y los señalamientos de auditoría no constituyen por sí mismos una resolución judicial ni acreditan la responsabilidad de las personas mencionadas.
Con información de Reforma
