Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro de labores durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre, con cierres de sedes judiciales en distintos estados del país, en protesta contra la evaluación del desempeño de los oficiales judiciales, prevista para los días 14 y 15 de diciembre.
La movilización se realiza en rechazo al acuerdo que establece este proceso de evaluación. Los inconformes advierten que quienes no aprueben podrían enfrentar consecuencias laborales, incluso posibles despidos.
Mientras que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) sostiene que la evaluación no implicará que los trabajadores pierdan sus empleos.
Las movilizaciones fueron convocadas en al menos 17 entidades, con presencia en ciudades y sedes judiciales como:
Monterrey, Nuevo León; Durango y Tamaulipas.
Ciudad de México, Toluca, Morelos, Pachuca, Puebla y Guanajuato.
Morelia, Michoacán; Jalisco y Nayarit.
Coatzacoalcos, Veracruz; Chilpancingo, Guerrero; Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Yucatán.
Baja California Sur.
En la Ciudad de México, trabajadores cerraron las instalaciones del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, donde colocaron candados e iniciaron una protesta desde el primer minuto de este viernes. También se reportaron movilizaciones en otros edificios judiciales de la capital.
La convocatoria contempla alrededor de 22 sedes, aunque los horarios de suspensión de actividades varían entre las entidades.
La inconformidad surgió luego de que el Órgano de Administración Judicial publicó el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para regular el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.
Los trabajadores cuestionan los criterios de calificación y advierten que el mecanismo podría afectar su estabilidad laboral. También expresan preocupación por la participación de los titulares de los órganos jurisdiccionales en la valoración de su desempeño.
El calendario contempla evaluaciones para secretarios el 4 de diciembre, actuarios el 8 de diciembre y oficiales judiciales los días 14 y 15 de ese mes.
Ante las protestas, el Órgano de Administración Judicial informó que la evaluación correspondiente a 2026 tendrá carácter exclusivamente diagnóstico, por lo que sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal.
El organismo explicó que el objetivo es identificar fortalezas y áreas de oportunidad para impulsar la capacitación y el desarrollo profesional de los trabajadores.
Esta postura contrasta con la preocupación de los inconformes, quienes consideran que el nuevo mecanismo puede abrir la puerta a decisiones que afecten sus plazas laborales.
En Coatzacoalcos, Veracruz, la inconformidad también se hizo presente. La secretaria de tribunal y delegada sindical Liliana Ríos cuestionó que trabajadores que ya acreditaron procesos para obtener sus plazas deban someterse a nuevas evaluaciones, incluso después de décadas de servicio.
El paro ocurre un día después de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y representa una nueva protesta de trabajadores del Poder Judicial federal frente a las disposiciones que regularán la evaluación de su desempeño.
