Una red de empresas proveedoras de insumos electorales, vinculada a los hermanos Hernández Casillas, presuntamente aplicó sobreprecios superiores al 600 por ciento en la venta de artículos a distintos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) durante 2025, según señalamientos documentados en el sector.
De acuerdo con los datos expuestos, la disparidad de costos se refleja en la adquisición de un mismo producto -una caja electoral fabricada por la firma Cajas Graf- comprado por diferentes autoridades estatales en el mismo año:
Estado de México: El instituto local pagó 531 pesos por unidad.
Sonora: El organismo estatal, encabezado por Nery Ruiz —señalado por su cercanía con la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien dejó dicho cargo tras cuestionamientos sobre presuntos nexos con el proveedor Alfredo Hernández Casillas—, adquirió el mismo insumo en 2 mil 375 pesos.
Quintana Roo: El órgano electoral local desembolsó 3 mil 850 pesos por cada caja, lo que representa un incremento mayor al 600 por ciento respecto al precio pagado en territorio mexiquense.
Ante estas diferencias en las contrataciones, el especialista en materia electoral Arturo Espinosa advirtió sobre posibles esquemas de manipulación en las licitaciones y adjudicaciones.
Según el análisis del experto, la problemática central radica en la presunta colusión entre autoridades electorales y compañías privadas para obtener beneficios mutuos mediante la fijación de tarifas muy por encima del valor real de mercado.
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