La empresa Broxel, que recientemente entregó monederos electrónicos a diputados federales de Morena, enfrenta cuestionamientos por sus contratos con dependencias públicas y una posible relación de interés con un funcionario de la Secretaría de Hacienda.
La excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), Norma Julieta del Río, advirtió sobre el funcionamiento de la compañía y consideró que podría existir una red similar a la detectada en el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que pidió poner atención en sus operaciones.
Uno de los aspectos señalados es el vínculo familiar entre Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, representante legal de Broxel, y Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de Hacienda. Esta relación abrió cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés, aunque no se ha acreditado la intervención del funcionario en los contratos de la compañía.
Broxel obtuvo en 2025 contratos para suministrar vales electrónicos a más de 150 dependencias federales, con montos de hasta 9 mil 751 millones de pesos.
Las operaciones también son revisadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que señaló pagos en exceso por aproximadamente 29.4 millones de pesos que debían reintegrarse a 39 dependencias federales.
A esto se sumó la solicitud de un financiamiento por 4 mil 200 millones de pesos a Bancomext, operación sobre la cual la autoridad anticorrupción advirtió riesgos y expresó objeciones.
Los señalamientos adquirieron mayor atención pública después de que 254 diputados de Morena recibieran tres tarjetas Broxel, cada una con 10 mil pesos, para sumar 30 mil pesos por legislador.
Ante los cuestionamientos, la empresa sostuvo que obtuvo los contratos públicos mediante procedimientos legales y aseguró que cumplió con las condiciones de la licitación federal. También atribuyó las diferencias económicas señaladas por las autoridades a discrepancias técnicas en la aplicación de bonificaciones.
Broxel rechazó que exista una resolución definitiva que determine responsabilidades en su contra, mientras continúan los cuestionamientos sobre sus operaciones y los posibles conflictos de interés relacionados con sus vínculos empresariales.
El Universal