La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lamentó hoy la denegatoria de visa para 11 de sus funcionarios y denunció que la medida del gobierno de Guatemala es contraria al acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Aclaró que no ha recibido la comunicación oficial de un decreto publicado en el Diario Oficial de Guatemala sobre la revocatoria y negación de visa para 11 profesionales de su equipo, que investigan o litigan en casos de “alto impacto”.
“La medida busca afectar la independencia en su trabajo”, afirmó en un comunicado la CICIG, dependencia de la ONU instalada en Guatemala desde 2007 para colaborar con el Ministerio Público (MP) en el combate a la criminalidad y la corrupción.
“Las inmunidades a las que se refiere el acuerdo de CICIG derivan del Convenio de creación de la Comisión, no de la acreditación ni de las visas de cortesía”, indicó.
Puntualizó que según el acuerdo de creación de CICIG “es solamente el Comisionado –titular de la misión- quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales”.
La CICIG “sigue trabajando en el marco de lo expresado en su acuerdo de creación, que señala que es mediante el diálogo entre el gobierno de Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas la vía para solucionar cualquier diferendo”.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció en agosto pasado el rompimiento con la CICIG, a la que acusó de “crear terror” y desestabilizar al país, por lo que no renovará el mandato de la misión internacional que concluye en septiembre de 2019.
Además prohibió la entrada al país del titular de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez. Con la negación de visas al personal de la misión, sobre todo investigadores y juristas, el gobierno ha obstaculizado las labores de la entidad de Naciones Unidas.
El trabajo de la CICIG, sobre todo en la gestión de Velásquez desde 2013, ha llevado a proceso o a prisión a cientos de funcionarios, diputados, políticos deshonestos y empresarios.
La CICIG y el MP desarticularon en abril de 2015 una red de corrupción y del crimen en las aduanas, que estaba encabezada, de acuerdo con las investigaciones, por el presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes renunciaron a sus cargos y están en prisión.
Fuente:Notimex/Foto:Notimex/JAC
