La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto la sentencia que emitió la semana pasada en la que resolvió que es inconstitucional que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite información financiera y bancaria sin orden judicial a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Con siete a votos a favor y cuatro en contra, la Corte dio entrada a las solicitudes de desistimiento por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A pesar de que el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quiso matizar el asunto, ésta es la primera vez que el pleno se echa atrás en un caso que ya había discutido y votado.
Desde la semana pasada el Pleno tenía pendiente determinar si su criterio, de haber declarado inconstitucional el citado artículo, debía tener efectos retroactivos o si este se aplicaría para actos futuros.
En caso de que la Corte hubiera dado efectos retroactivos, miles de casos se le comenzarían a caer a la FGR, porque abrirá la puerta para que investigados y procesados promuevan amparos para que se declaren ilícitas las pruebas usadas en su contra.
Algunos de los asuntos de alto impacto, cómo las investigaciones contra los ex gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte y Roberto Borge, respectivamente, así como de sus ex colaboradores iniciaron con la solicitud de información a la Comisión Bancaria, lo mismo que el caso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por el tema Odebrecht.
El jueves, los ministros advirtieron que invalidar el precepto pondría en riesgo las investigaciones de la FGR, no sólo las de lavado de dinero y defraudación fiscal, sino también las relacionadas con delitos de delincuencia organizada.
“Me preocupa también las consecuencias que puede tener el establecer el criterio…de exigir la autorización judicial para poder tener este tipo de información, por qué, porque en automático a partir de que este criterio sea notificado o publicado, se va a convertir en pruebas ilícitas, toda la información, todas las solicitudes de información bancaria, sobre las cuales se estén tramitando investigaciones, o incluso ya, procedimientos penales, sobre delitos, insisto, de toda índole.
“No nos fijemos solamente en los fiscales o en los de lavado de dinero, ya sé –insisto- que este no es un argumento propiamente constitucional, pero me parece que la Suprema Corte también debe ser sensible a las consecuencias de los criterios que se van estableciendo”, declaró Jorge Mario Pardo Rebolledo.
No obstante, Zaldívar consideró importante tener en cuenta que la gravedad de los delitos y situaciones no excusa el cumplimiento de la Constitución y que el combate a la delincuencia debe ser respetando la ley y los derechos humanos.
Con la decisión adoptada hoy por la Suprema Corte, no existe pronunciamiento sobre el tema y sólo prevalecerá el del Tribunal Colegiado.
Fuente:Milenio/Foto:Archivo/abv/eap
