El Congreso local aprueba leyes sin corroborar la viabilidad financiera, lo que en ocasiones dificulta que se puedan aplicar. Tal es el caso de la ley de Transparencia y Acceso a la Información, de Datos Personales y de Archivo General.
La comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yoli García Álvarez, recordó que ellos interpusieron una acción de inconstitucionalidad cuando se modificó la ley de Transparencia y Acceso a la Información, pues no contaban con la asignación presupuestal para cumplirla al 100 por ciento.
Reconoció que son los municipios los más rezagados en el cumplimiento de sus obligaciones, pues es necesario invertir recursos para poder generar las plataformas y digitalizar los archivos.
En la pasada administración existía un fondo Federal que les permitía cumplir con la transparencia de información, y a pesar de que se hizo la gestión no se logró bajar los recursos.
El nuevo gobierno no cuenta con esos apoyos y serán los Ayuntamientos y los sujetos obligados estatales los que tendrán que invertir para cumplir con su responsabilidad.
“Los Congresos tiene la obligación de hacer un análisis del impacto presupuestal que implica una ley, no se hizo, entonces no se hicieron las asignaciones correspondientes, no solo al IVAI, sino a los sujetos obligados”.
Fuente y foto: AVC/Eap
