El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), alertó sobre los riesgos para el 2020, como el nivel de la inversión pública pronunciado a la baja, algunas presiones inflacionarias por el efecto faro del incremento de salario mínimo y la inseguridad.
El sector privado advirtió que el gobierno federal podría enfrente a una crisis tributaria para el 2021 y esté obligado a implementar una reforma fiscal, si es que quiere mantener finanzas públicas sanas.
Todo esto debido a la insostenibilidad del gasto gubernamental en los programas sociales y emblemáticos, el menor crecimiento económico y una producción petrolera a la baja.
El director general del CEESP, Carlos Hurtado, afirmó que los ingresos tributarios del 2020 “ya están subestimados”, porque por un lado, los ingresos tributarios van a crecer menos porque la economía crecerá menos por la correlación, siendo difícil que se alcance la plataforma de petróleo.
“En lo particular yo pienso que 2021 va a ser un reto importante para las finanzas públicas, no sé si para el país, pero para las finanzas públicas creo que sí lo va a ser, porque para el ritmo que está tomado el gasto público y que fue tomado este año, las fuentes de ingresos pueden ser simplemente no suficientes y algo habrá que hacer. Yo creo que es el año donde se va a plantear una reforma fiscal”, señaló el analista del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En conferencia de prensa, el sector empresarial presentó su pronóstico de la economía mexicana para el 2020, donde se estimó un 1.1 por ciento de crecimiento económico, con menor grado de incertidumbre nacional e internacional para las inversiones; y las variables macroeconómicas muy acordes a las establecidas por el gobierno federal como inflación de 3.4 por ciento, un tipo de cambio de 19.60 pesos por dólar.
No obstante, el CEESP alertó de los riesgos para el 2020, como lo es el nivel de la inversión pública pronunciado a la baja, qué sería mayor a la del 2019 en infraestructura, por lo que algunas presiones inflacionarias por el efecto faro del incremento de salario mínimo y sobre todo la inseguridad, Estado de Derecho, clima de persecución fiscal y que los ingresos tributarios no sean sostenibles en el mediano plazo.
Fuente: El Economista/ Foto: Archivo
