La emergencia sanitaria desatada en el mundo y en México por el nuevo coronavirus abre interrogaciones en la conversación pública sobre los impactos que pueden tener en la propagación de la enfermedad las condiciones climatológicas de un país, como son los ciclones que inician en mayo para el Pacífico y en junio, en el Atlántico, en nuestro país.
Más que contribuir o no a la propagación del virus, las condiciones climatológicas de una nación contribuyen a comprender los riesgos a los que se enfrenta la población vulnerable, por lo que es indispensable implementar estrategias de respaldo ante la emergencia y las condiciones previas de riesgo.
Así lo explica en entrevista con Notimex Naxhelli Ruiz Rivera, doctora en estudios de desarrollo por la Universidad de Anglia del Este, Inglaterra, e investigadora en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfocada en prevención y gestión de riesgos.
En ese sentido, dado el desafío en salud que encara el país por el coronavirus, es pertinente recordar que México, el Caribe y distintos países del Pacífico del hemisferio norte entrarán a la temporada anual de ocurrencia de fenómenos ciclónicos en mayo, recuerda la académica.
Desde la perspectiva de la geografía, el análisis de riesgo considera siempre la exposición a fenómenos climáticos y geológicos, entre otros, la cual se vincula a distintas facetas conocidas en la disciplina como vulnerabilidad.
La vulnerabilidad es la susceptibilidad al daño que enfrentan las personas o las comunidades, la infraestructura crítica y las edificaciones, desarrolla Ruiz Rivera.
“Esa susceptibilidad al daño usualmente es causada por dinámicas sociales que hacen que haya personas con muchas más carencias económicas, con menos acceso a servicios básicos, con empleos más precarios o con menos posibilidades de adquirir cosas como el transporte, la educación, el agua, etcétera”, apunta la especialista.
“Por error se piensa que los fenómenos climáticos ‘son culpables’ del riesgo. La realidad es que no: somos nosotros mismos, nuestra organización social, la que ha generado ese gran segmento de población que es vulnerable. De esta manera, cuando los fenómenos intensos se presentan (por ejemplo, los fenómenos climáticos extremos) la población expuesta y susceptible es la que tiene mayor probabilidad de daño: eso es lo que llamamos riesgo”, esclarece.
En el caso del coronavirus, que este martes 24 de marzo rebasó los 400 casos de contagio en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, la mayor preocupación en términos médicos son los adultos mayores y personas con enfermedades subyacentes que disminuyen la capacidad de resistencia del organismo humano a los síntomas que produce la infección por el virus, recuerda Ruiz Rivera.
“Sin embargo, es importante hacer notar que un gran segmento de la población también enfrentará problemas económicos y de carácter social profundos, y que también los hacen susceptibles al daño”, abunda.
“Por un lado, los exponen más al contagio por el hecho de no poder guardar la cuarentena, y por otro lado es altamente probable que tengan condiciones desventajosas en sus hogares, tales como hacinamiento o falta de agua”.
Un ejemplo de estas dificultades, ilustra la académica, son las personas damnificadas por los sismos de 2017, quienes en muchas partes de México aún no han regresado a sus hogares rehabilitados o reconstruidos, por lo que cargan todavía con los daños del sismo, sumado al daño potencial asociado a la emergencia sanitaria.
En ese escenario, la aparición de fenómenos meteorológicos cíclicos (que ocurren cada año), ya sean de intensidad moderada o alta, implica que una gran parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales se relacionen con los efectos de esos fenómenos, que aunque resultan conocidos son mal gestionados, estima la investigadora de la UNAM.
“La mayor parte de los daños en vivienda e infraestructura en nuestro país se relacionan con esto. Ejemplos como los huracanes de los últimos años en el Caribe (Bahamas, Puerto Rico, etcétera) nos muestran que en los escenarios de mayor incertidumbre sobre los fenómenos climáticos es crucial 1) la gestión del riesgo a través de conocimiento y medidas de mitigación y 2) reducir la vulnerabilidad social de la población”, agrega.
En ese sentido, señala, la principal preocupación debe ser atender a las poblaciones vulnerables en términos de su acceso a bienes y servicios básicos, además de un ingreso universal mínimo, algo sumamente importante para los hogares con adultos mayores.
“Para dar un contexto, señalo que en 2018 el 41.9 por ciento de la población total de nuestro país se ubicaba en pobreza (52.4 millones de personas). De ellos, 20.2 por ciento tienen carencias en el acceso a servicios de salud, sin contabilizar aquellos que, aunque formalmente sí cuentan con este acceso, lo hacen en condiciones precarias y de poca calidad”, subraya la estudiosa.
“(Además) 4.3 millones de personas mayores de 65 años viven en condición de pobreza; de ellos, un millón no tiene acceso alguno a servicios de salud y dos millones tiene carencias en los servicios básicos de vivienda”.
Por ello, Ruiz Rivera sostiene que la mayor prioridad debe ser procurar por todos los medios posibles que la población que ya es vulnerable no sea afectada de manera adicional por otras crisis que puedan asociarse a fenómenos climáticos, sísmicos o de otro tipo, lo que se conoce como riesgos en cascada.
“Nuestro deber como sociedad y el del Estado es reducir las vulnerabilidades tanto a través de la gestión de la emergencia sanitaria (por ejemplo, ampliar la infraestructura hospitalaria, hacer pruebas, equipar a médicos y enfermeras), como a través de atender a las causas que generan la vulnerabilidad”, dice.
Para ello, Ruiz Rivera propone la distribución de recursos en efectivo para la población con empleos precarios o informales y programas emergentes para pequeñas y medianas empresas.
“El mantenimiento del ingreso es absolutamente prioritario y crucial para superar la emergencia”, explica.
También sugiere dar mantenimiento a la infraestructura crítica que garantice el acceso al agua a la población y vigilar especialmente a personas en asentamientos irregulares o con dificultades para acceder al líquido por motivos políticos.
Además, contempla programas emergentes vinculados a la atención de personas en extrema vulnerabilidad, como migrantes, personas en situación de desplazamiento forzado por violencia o en condición de sinhogarismo.
Y, por último, propone el diseño de estrategias de trabajo social para atender a personas que no tienen cuidado alguno y sufrirán mucho tanto por contagios de COVID-19 como por la situación socioeconómica, particularmente adultos mayores y discapacitados en condiciones de marginación.
Fuente: Notimex/Foto: archivo
