La señora Fátima Amaya y sus dos hijas, de uno y tres años de edad, quedaron en el desamparo, sin derecho a pensión, tras la muerte de su esposo Uriel a causa de COVID-19 el pasado 4 de mayo, quien se desempeñaba como médico legista en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
A pesar de que Uriel se desempeñaba como médico legista desde 2011 para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, donde atendía a alrededor de 40 usuarios al día, laboraba como eventual y no de base.
“Por el tipo de contrato que tenía no hay derecho a pensión, no hay derecho a nada. Yo me quedé sin nada más que con una quincena que él me dejó… con lo poco que yo gano”, indica Fátima.
Según relata, el doctor Uriel atendía la protección adecuada: sin cubrebocas de uso médico ni insumos de calidad.
La viuda mostró una bolsa que le fue entregada a su esposo una semana antes de morir y sca unas cuantas toallas, una bata amarilla delgada, guantes, un jabón y un frasco de 100 mililitros de alcohol. Con eso tenía que protegerse un mes, señala.
“¿Con qué voy a mantener a las niñas? Sí tengo trabajo, pero qué hago con tres mil pesos a la quincena”, dice desesperada.
Cabe señalar que desde hace unas semanas el personal médico se ha organizado en un colectivo llamado S.O.S Héroes, pues hasta la fecha 11 mil 394 se han contagiado y 129 fallecieron. Las familias de los trabajadores han quedado desamparadas.
Fuente:Milenio/Foto:Archivo/JAC
