El documento Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19, publicado por la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, presenta las acciones realizadas por el crimen organizado durante la emergencia causada por el virus.
El texto señala que diversos grupos delictivos han realizado en el país desde toques de queda y amenaza a médicos, hasta cobros de impuestos.
En el estado de Veracruz, una organización delincuencial obligó a los ciudadanos de Tuxpan a aislarse.
En tanto, otro grupo delictivo efectuó cobro de impuestos en Santiago Ixcuintla, Nayarit.
En abril se realizaron toques de queda en Iguala, municipio de Guerrero, además de en Culiacán y Los Mochis, entidades pertenecientes a Sinaloa, de acuerdo con la Segob.
Asimismo, reporta amenazas a médicos suscitados en Petatlán, Guerrero.
Cabe mencionar que se desconoce a la organización responsable de los últimos dos casos.
Según el documento, los estados y municipios de México no tienen la autorización de cerrar sus fronteras.
“Los retenes, cierres de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras, son restricciones severas al derecho de al libre tránsito. La Ciudad de México, estados y municipios no tienen competencia para dictarlos, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General para, por ejemplo, establecer cordones sanitarios”, señala este.
El texto menciona que entre abril y mayo se implementaron 54 toques de queda a nivel municipal de manera oficial.
Fuente: Segob/Foto: Archivo/atf
