El incremento de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y proyectos del gobierno de México generan preocupación en materia de respeto a los Derechos Humanos y de transparencia, señaló el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) en el país.
Se trata de Guillermo Fernández Maldonado, quien asumió la representación en septiembre de 2020, quien dio que existen riesgos al asignar labores de seguridad pública a integrantes del Ejército.
Considera que éstos cuentan con un entrenamiento diferente al de una corporación policial de carácter civil.
“Hay pautas al respecto porque estamos hablando de cuerpos diferentes entrenados para situaciones diferentes y que incluso las órdenes operativas, el tipo de armamento corresponden a situaciones de conflicto armado o de guerra”, dijo Fernández Maldonado a The Associated Press.
Por su parte, Amnistía Internacional publicó el ‘Informe 20/21 La Situación de los DDHH en el mundo’, en el que señala que en México, “aumentaron las denuncias de violencia contra las mujeres. Las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos.”
Describe que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad que las dos administraciones presidenciales pasadas.
“En mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024. El decreto carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales. El presidente también anunció que el control de los puertos y puntos de aduana pasaría a las fuerzas armadas”, apunta el reporte de Amnistía Internacional.
Fuente:ElUniversal/Foto:Archivo/JAC
