Un grupo de 53 legisladores de oposición reclamaron la firma de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, para promover una controversia constitucional contra el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que las obras de infraestructura se consideran como de seguridad nacional.
No obstante, Olga Sánchez Cordero se excusó tras explicar que tenía duda y debía solicitar previamente una opinión jurídica.
"Quiero ser muy transparente, necesito una opinión jurídica. Tengo mis serias dudas y quisiera argumentos sobre el interés y legitimación del Senado para promover la controversia. Y no tengo respuesta sobre la legitimación del Senado", apuntó.
Y es que por primera vez, desde que se conformó el Grupo Plural de cinco senadores, este quinteto y el bloque integrado por el PAN, PRI, MC y PRD, se aliaron para intentar conseguir la firma de la ex secretaria de Gobernación.
Dicho alegato esencial con el que los 53 senadores buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revierta el polémico ordenamiento con que el Poder Ejecutivo pretende apurar las obras, por cuestiones de seguridad nacional, es que el acuerdo emitido por el Ejecutivo federal se aparta de la Constitución, viola principios constitucionales y representa una atentado directo contra el principio de división de poderes.
Los legisladores de oposición alegaron que también se viola de manera incuestionable el derecho humano de acceso a la información.
"En materia de derechos humanos ni un paso atrás. El militarismo asesinó a Francisco I. Madero y el militarismo no va a asesinar a los derechos humanos y no va a asesinar a nuestra democracia", advirtió el senador Germán Martínez, coordinador del Grupo Plural.
Mientras que por el PAN, el senador Julen Rementería señaló la "ilegalidad" que asoma en este decreto y cuestionó las trabas que se ponen para acceder a información de los contratos que acompañarán las obras de infraestructura pública.
El senador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, explicó a los legisladores de oposición que podían recurrir a la figura de acción de inconstitucionalidad para impugnar el decreto con el 33 por ciento de firmas de legisladores.
La morenista Mónica Fernández Balboa intentó salir en defensa de Sánchez Cordero bajo el argumento de que se cometía violencia política de género.
"Exigimos respeto a la presidenta", reclamó.
Fuente:Reforma/Foto:Archivo/JAC
