Para poder determinar si una persona puede o no ser extraditada la respuesta está en los hechos, el nivel de involucramiento y el nivel de pruebas que el gobierno de Estados Unidos presente al gobierno de México, explicó Rodolfo de la Guardia, abogado, maestro en derecho procesal penal.
En entrevista para XEU en el programa Periodismo de Análisis, indicó que el poder ejecutivo tendrá la facultad discrecional de poder extraditar a un nacional mexicano por las razones que se establezcan en la resolución definitiva.
"Si se respetan las reglas del debido proceso, se permiten el desahogo de pruebas, se permiten el control constitucional, la aspiración de toda persona que pueda ser extraditada es ser derrotada conforme a estas reglas del debido proceso que ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la primera sala de la Corte".
Por otro lado, comentó que México y Estados Unidos tienen una relación extradicional, es decir, su vínculo bilateral en materia de extradición es a través de un tratado.
Dijo que la extradición en México como en muchos países "es un procedimiento mixto donde participa el poder ejecutivo y el judicial, por lo tanto la decisión de extraditar es una decisión soberana del estado mexicano".
