En 2017, 153 de los 212 alcaldes que concluyeron su están obligados a explicar dónde quedaron más de mil 102 millones de pesos de recursos públicos estatales, sin contar perjuicios a fondos federales, de acuerdo con auditorias del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis).
En publicación hecha por el diario Milenio, informa el Orfis que entre 2007 y 2017, ha presentado 158 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado contra alcaldes, funcionarios y ex funcionarios estatales y municipales que resulten responsables por un presunto saqueo, calculado a septiembre de 2018, en más de 33 mil 21 millones de pesos de recursos del estado.
Refiere que en la gestión 2014-2017 de los 153 alcaldes señalados, 71 son de PRI, 29 de PAN, 22 de PRD, 12 de Alternativa Veracruzana, 12 de Movimiento Ciudadano, 4 de PT y 3 del todavía existente en Veracruz Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Presume el Orfis que ese dinero se desvió de las arcas a través del pago de sobrecostos en obras públicas o proyectos que no se ejecutaron o concluyeron, pagos sin comprobantes o con recibos falsos, o simplemente dejar de pagar a proveedores e incluso a autoridades de gobierno para usar el dinero con otros fines, como desvío de recursos, según las observaciones hechas por el órgano fiscalizador del estado en su Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2017, dado a conocer el pasado 1 de octubre.
Asimismo, Milenio subraya que se presume que parte de ese dinero pudo haber sido mal utilizado para pagar adquisiciones de bienes y servicios que fueron contratados de manera irregular, fundamentalmente sin licitaciones de por medio; existen indicios de que los recursos pudieron haber salido de las arcas municipales sin dejar un respaldo documental que explique en qué se utilizaron, ya que algunos alcaldes simplemente desaparecieron el dinero sin dejar rastro alguno.
Destaca que por ley los ex alcaldes y ex funcionarios todavía tienen oportunidad de solventar dichas observaciones y presentar documentación que justifique el uso de esos recursos o devolver el dinero, nunca antes los alcaldes de Veracruz habían tenido que aclarar el destino de tanto dinero público.
Milenio revela que de las 158 denuncias penales que ha presentado el Orfis entre 2007 y 2017 ante la Fiscalía General del Estado contra funcionarios y ex funcionarios veracruzanos por el presunto desvío de más de 33 mil 21 millones de pesos, 63 por ciento, unos 100 casos, son desfalcos a arcas municipales por un daño probable de más de 843 millones de pesos.
Informa que el municipio de Coatzacoalcos, gobernado entonces por Joaquín Caballero Rosiñol, del PRI, encabeza la lista de municipios con un mayor monto de probable daño, con un presunto daño patrimonial de 142 millones 277 mil 111 pesos; seguido de Acayucan, gobernado por Marco Antonio Martínez Amador, de Alternativa Veracruzana, con 66 millones 200 mil 371 pesos; San Andrés Tuxtla, durante gobierno de Manuel Rosendo Pelayo, de PRI, con 56 millones 397 mil 250 pesos, y Emiliano Zapata, entonces gobernado por Daniel Olmos García, de PRD, con 50 millones 294 mil 80 pesos.
Fuente: Milenio/doh/foto: archivo
