El gobierno estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto de Pensiones (IPE), aceptaron la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el desalojo de pensionados y jubilados en diciembre del 2015, informó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Explicó que se procederá a reparar el daño a las 37 jubilados y pensionados que recibirán atención médica y psicológica; y se incluirá en el expediente de 89 funcionarios públicos la recomendación del organismo no gubernamental.
También confirmó que están a la espera de que se presenten denuncias penales contra quienes desalojaron a los manifestantes y aclaró que dicho desalojo ocurrió más de medio año antes de su administración.
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