En los últimos años, México ha transitado por un fenómeno comunicativo complejo y profundamente preocupante: la consolidación de una narrativa política basada en la posverdad. No se trata únicamente de propaganda —que ha existido siempre en los gobiernos— sino de algo más sofisticado y peligroso: la construcción sistemática de realidades paralelas donde la emoción sustituye al dato, la percepción desplaza a la evidencia y la repetición convierte una afirmación en verdad socialmente aceptada.
El concepto de postverdad no implica necesariamente mentir de forma directa. Su esencia radica en seleccionar, reinterpretar o amplificar fragmentos de la realidad hasta moldear una versión emocionalmente eficaz para la opinión pública. En este escenario, lo importante no es si algo ocurrió exactamente así, sino si logra reforzar una identidad política, alimentar una narrativa moral o consolidar una base de apoyo.
El Estado mexicano ha aprendido —con notable habilidad comunicativa— que gobernar también significa narrar. Las conferencias matutinas, los discursos presidenciales y la comunicación institucional han dejado de ser meros ejercicios informativos para convertirse en escenarios permanentes de construcción simbólica. Cada día se define quién representa “al pueblo” y quién encarna a “los adversarios”. La política se simplifica en una dicotomía emocional que facilita la adhesión colectiva.
Esta estrategia no es exclusiva de México; forma parte de una tendencia global donde líderes políticos comprenden que, en la era digital, la legitimidad ya no depende únicamente de resultados tangibles, sino de la capacidad para controlar el relato público. Las redes sociales han acelerado este proceso: el algoritmo premia la indignación, la polarización y las narrativas simples. En consecuencia, el debate público pierde matices y gana intensidad emocional.
La postverdad funciona porque conecta con necesidades humanas profundas: pertenencia, identidad y certeza. Ante contextos de desigualdad, inseguridad o incertidumbre económica, las sociedades buscan relatos que expliquen su realidad de manera clara, aunque no necesariamente compleja. El Estado, consciente de ello, utiliza un lenguaje cercano, moralizante y reiterativo que transforma la comunicación política en un ejercicio pedagógico emocional.
El riesgo aparece cuando el discurso sustituye al análisis crítico. Cuando cuestionar una narrativa gubernamental se interpreta como traición ideológica y no como ejercicio democrático. La democracia no se fortalece con unanimidades emocionales, sino con discrepancias informadas. Sin embargo, la lógica de la posverdad convierte al disenso en sospecha y al debate en confrontación.
Observamos entonces un fenómeno inquietante: la verdad deja de ser verificable y se vuelve identitaria. Los ciudadanos no evalúan información por su evidencia, sino por quién la emite. Así, la confianza institucional se redefine no por la transparencia, sino por la afinidad política. El resultado es una sociedad fragmentada en burbujas narrativas donde cada grupo habita su propia versión del país.
Como académica de la comunicación, considero que el mayor desafío no reside únicamente en el gobierno, sino en nuestra alfabetización mediática como sociedad. La posverdad prospera cuando renunciamos al pensamiento crítico, cuando compartimos información sin verificarla o cuando preferimos aquello que confirma nuestras creencias antes que aquello que las cuestiona.
México enfrenta una paradoja histórica: nunca habíamos tenido tanto acceso a información y, al mismo tiempo, nunca había sido tan difícil distinguir entre realidad, interpretación y propaganda. El ciudadano contemporáneo debe convertirse en un lector crítico del poder, independientemente de la ideología que gobierne.
Porque la postverdad no pertenece a un partido ni a un sexenio; es una tentación permanente del poder político. Hoy puede utilizarla un gobierno que se autodenomina cercano al pueblo; mañana podría emplearla cualquier otro con fines distintos. La verdadera defensa democrática no es elegir entre narrativas oficiales, sino exigir evidencia, rendición de cuentas y pluralidad informativa.
La democracia comienza cuando dejamos de consumir discursos como certezas y empezamos a analizarlos como construcciones políticas. Solo entonces el ciudadano deja de ser audiencia y recupera su papel esencial: el de vigilante crítico del Estado.
