México ha tenido y tiene buenos juristas. No me alcanzaría el espacio para mencionarlos y correría el riesgo de incurrir en omisiones. Sin embargo, percibo, hoy en día, contrastando con buenas prácticas del pasado, una notoria distancia entre la academia y el sector público en detrimento de una adecuada normatividad y su correspondiente acatamiento por gobernantes y gobernados.
Estamos inmersos en conflictos de toda índole entre un México legal y un México real. Recuerdo un proverbio chino: “En un Estado bien dirigido, la hierba debe crecer en las escaleras de los tribunales”. En otras palabras, todos están conscientes de sus obligaciones y no hay necesidad de cuestionamientos en relación a cómo entenderlas y asumirlas. No es nuestro caso. Muchos hablan de un cambio de régimen, de una transformación equivalente a las más relevantes de nuestra historia.
Me parece que el dilema es más elemental y por ello más grave. Va más allá de la alternativa entre autoritarismo y democracia. Lo que se está dilucidando es si resolvemos nuestros problemas en forma civilizada o nos empantanamos más en el desorden y la barbarie.
Analizo tres casos que deberían resolverse con sentido común y sin mayor estridencia:
1. Nos ha llevado varios lustros diseñar un buen marco jurídico para el sector energía. Por fin logramos acuerdos desgraciadamente frustrados en su instrumentación. El actual gobierno está obsesionado por obstruir reformas que identifica, sin mayor análisis, con intereses aviesos. No pudo incorporar en la Constitución prohibiciones a las inversiones privadas y mecanismos para privilegiar a empresas paraestatales incompetentes para participar en un mercado en condiciones de equidad. Lo hizo a través de leyes secundarias que, en lugar de proteger a los ciudadanos de arbitrariedades del poder, cobijan a sus propios organismos para no rivalizar con empresas más eficientes en el otorgamiento de servicios, perjudicando a los usuarios. La reforma se vio truncada al violar tratados internacionales y cuatro de los siete ministros de la SCJN se negaron a reconocer la inconstitucionalidad de estas leyes. Ahora estamos en una difícil situación. Es posible que el gobierno incurra en un vicio de inercia: prometer no aplicar lo que las leyes ordenan. Nuevamente la ambigüedad y la incertidumbre jurídica no son nada propicias para estimular el desarrollo.
2. En el caso de la reclusión preventiva oficiosa, hay contradicción entre algunos artículos constitucionales que la Corte debe aclarar. Desde que la SCJN tiene funciones de tribunal constitucional con la reforma a nuestro artículo primero, se rompió la supremacía parlamentaria y los jueces deben aplicar la disposición legislativa preponderante que, no hay duda, es la protección de los derechos humanos. Mientras tanto, continuamos en la perplejidad.
3. Es evidente que la política de seguridad no corresponde a los militares. Al estudiar derecho, uno se familiariza con el término vacatio legis, esto es, el tiempo que transcurre entre la promulgación y el inicio de vigencia de una ley. No recuerdo ningún caso en que una norma se modifique para entrar en vigor 19 meses después. ¿En qué bola de cristal vio la diputada priista cómo va a estar México en 2024? ¿Por qué no dejar al próximo presidente la decisión de cómo enfrentar al crimen organizado? Me da escozor pensar que el Ejército pudiera estar en las calles cuando se realice la elección más compleja de nuestra historia. El riesgo es monumental.
Si queremos ser demócratas, debemos vigorizar nuestra fe en la razón y en la ética, lo cual significa confiar en la ley. El derecho es un factor de conservación y continuidad, también de cambio con orden y gobernabilidad. Manosear el derecho nos lleva a su relajamiento. Hacerlo respetable debe ser nuestro más serio y urgente compromiso.
