A partir del 2000 los mexicanos empezaron a acudir masivamente a las urnas, pues sintieron que su voto ya era tomado en cuenta. En el siglo pasado casi nadie votaba. En las últimas tres elecciones presidenciales la afluencia de votantes fue del 50 al 60% del padrón; sin embargo, en las estatales y municipales del 20 al 30%. En las casillas la mayoría de los votantes son adultos, los jóvenes brillan por su ausencia y cuando les preguntan por qué no votan contestan “porque todos los gobernantes son corruptos”.
Hay estados donde todavía las elecciones son controladas por el gobierno en turno. Los institutos electorales estatales son una dependencia más del gobierno, no hay imparcialidad ni freno a los gastos ni a las triquiñuelas del partido que gobierna. La compra de votos es una maniobra frecuente y aunque cada quien tiene libertad para vender su voto, aunque sea poco ético, lo más preocupante es de dónde sale el dinero para comprarlos. La compra no se reduce a campesinos o citadinos sin visión democrática, a los que les dan 2 o 3 mil pesos para votar por un partido, también se reparten millones para comprar candidatos de otros partidos y dividir a la oposición.
Hemos avanzado, principalmente en las elecciones federales, pero las estatales se parecen más a las del siglo pasado que a las que esperan muchos mexicanos en el actual. Para reducir irregularidades y excesos en las elecciones de gobernadores, legisladores locales y presidentes municipales, es necesario desaparecer los institutos y tribunales electorales estatales. Todas las elecciones deben ser organizadas y supervisadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) y tribunales electorales federales. Ese cambio reduciría la intromisión del gobernante local en los procesos electorales.
Convertir en delito federal toda desviación del presupuesto en estados y municipios. Extender la competencia del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a todos los gobiernos estatales y municipales, y tipificar como delito electoral el manejo de efectivo por los partidos políticos y sus operadores.
Si queremos avanzar hacia una total democracia, no bastan promesas ni declaraciones sobre la transparencia electoral, es necesario derogar las leyes que facilitan irregularidades y crear nuevas que aseguren su correcta instrumentación.
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Profesor de Economía Política
