La CNDH ha puesto en evidencia la chambonearía de la PGR en relación con la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y le hace 32 recomendaciones.
Sin embargo, esto no es un caso aislado. Muchos jueces han liberado a presuntos culpables de algún ilícito porque las averiguaciones previas integradas por la PGR son deficientes y no logran demostrar la culpabilidad del acusado.
Esto es muy grave porque ante la incapacidad de detener siempre a los verdaderos culpables de los delitos, se terminan buscando chivos expiatorios entre la población vulnerable, simplemente para acallar la presión de los medios de comunicación. Este es el origen de la tortura como medio de investigación judicial.
Así como el INEE va a certificar la capacidad de los maestros, ¿no sería conveniente que dentro de la Reforma Penal se considere la necesidad de evaluar las competencias jurídicas de todos los abogados que trabajan en todas las procuradurías, ministerios públicos, agentes ministeriales y en general en todo el sistema de impartición de justicia?.
De paso también debiesen evaluar la honorabilidad y la madurez emocional, condiciones fundamentales para impartir justicia.
Quizá la prepotencia que caracteriza a un alto porcentaje de los funcionarios del ámbito judicial podría derivarse de su falta de capacidad técnica para desarrollar su trabajo y a falta de conocimientos y criterio.
La experiencia muestra que entre más incompetente es una persona, se vuelve más prepotente e intolerante, como una forma de protegerse para no quedar al descubierto.
El abuso tradicional de nuestros funcionarios a cargo de la justicia podría significar falta de conocimientos. Por ello es que gran número de casos que manejan la PGR y todas las procuradurías de justicia, generalmente son endebles y sus averiguaciones previas y acusaciones cargadas de “lugares comunes”.
Las acusaciones se redactan como “Delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita, etc, etcétera,”. Éstos son términos usados en todas las averiguaciones previas, como si todos los delitos fuesen iguales.
En el poder judicial se pagan los mejores sueldos del sector público y sin embargo no tenemos los mejores abogados ni investigadores.
Se hace necesario que el Congreso realice un análisis de fondo para identificar el impacto de las fallas humanas y la incompetencia de los funcionarios cargo de impartir justicia y prevenir actos delincuenciales, como condición fundamental para poder erradicar la tortura y combatir la impunidad, que es en el modo como hoy definimos popularmente que los delitos queden sin castigo.
