En México, cuando se pretende entrampar una obligación o el uso de un derecho, simplemente se necesita obligar a que entre en el ámbito judicial.
En nuestro país todo lo jurídico se burocratiza y entra en una dinámica perversa y viciada donde quienes pueden pagar y sobornar, -o ejerzan poder o influencias-, adquieren privilegios en perjuicio de las víctimas o de quienes tienen la razón o la verdad pura de su lado.
La ley reglamentaria del derecho de réplica judicializa, -y por tanto burocratiza-, la aplicación de ese derecho en beneficio de las televisoras y perjuicio de los ciudadanos, han explicado los senadores del PRD, PT y un sector del PAN. Lo grave es que esta ley ya fue aprobada en comisiones y está a punto de votarse ante el pleno del Senado
El Senado de la República acaba de aprobar que el derecho de réplica, -por medio del cual alguien que se siente agredido por información o comentarios vertidos por un medio de comunicación-, podría defender su honor.
Sin embargo, -para lograr que se haga justicia a algún agraviado-, éste tendría que realizar un engorroso y desgastante trámite a fin de ejercer su derecho de réplica.
Esto presupone un principio básico de inequidad e injusticia. Quien tiene dinero puede agredir e incluso dañar el honor de y la honorabilidad de un tercero de forma pública a través de los medios masivos de comunicación, -y quedar impune-, si su víctima carece de recursos para defenderse en un trámite burocrático, en el cual los medios de comunicación, -por lo que representan ante los funcionarios públicos-, tienen ventaja.
Ésto significa un retroceso, pues la instrumentación de esta ley privilegia a quienes poseen poder y dinero y perjudica a quien está en posición débil y vulnerable. Incluso abre la posibilidad de que se pueda llegar a ejercer extorsión en un ambiente de impunidad por parte de algún comunicador carente de ética profesional, e incluso de valores morales.
Si un comunicador quiere chantajear a alguien para obtener beneficios económicos, podrá hacerlo pues el daño moral ya estará hecho al hacerle difícil la defensa a tiempo.
Ni que decir que en las campañas electorales, -donde la estrategia de desacreditar a los rivales tiene que ver mucho con el tiempo disponible para ejercer el derecho de réplica-, puede estimular que algunos comunicadores aprovechen ésto para poner sus servicios en venta al mejor postor.
Disfrazada de rumores y suposiciones que parezcan información, podrá aplicarse una estrategia de desgaste de contrincantes, sabiéndose que cuando la burocracia resuelva el enfoque jurídico, ya se habrán realizado las elecciones y el golpe habrá sido certero y demoledor.
Parece ser que los políticos no caen en la cuenta de que en este país el acceso a la justicia es un lujo al que no pueden acceder quienes no tienen recursos económicos suficientes para hacer valer sus derechos.
En este país se puede ser pillo y no pisar la cárcel si se tiene dinero para pagar abogados y corromper a la infraestructura judicial,
Si a usted le acusan de algo injustamente lo que determinará que pueda defenderse y hacerse justicia, será el dinero, lo cual no puede ser más inequitativo e injusto.
Lo que debe constituir la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica es un paquete de acciones que faciliten y agilicen el acceso a este derecho por parte de quien sea vulnerado en su honorabilidad y reputación.
