Hasta la década de los 70, los altos impuestos en un país normalmente se trasladaban al consumidor como un costo más de las empresas. Altos impuestos se reflejaban en mayores precios, menos empleos y un menor nivel de vida real para la mayoría de los habitantes de un país.
Debido a que la mayoría de los países vivían en economías cerradas y los mercados estaban aislados por la falta de comunicaciones y contactos, el consumidor muchas veces pagaba un 50% o más por un automóvil o producto que en el país vecino, debido principalmente a los impuestos sobre esa mercancía. La diferencia de precios finales era enorme de un país a otro. Las desigualdades de precios se compensaban parcialmente con el contrabando. Esos fenómenos todavía se dan en economías administradas por gobernantes con mentalidades anticuadas.
La revolución tecnológica en las comunicaciones marítimas, terrestres, aéreas, telefónicas y vía satélite, generó la llamada globalización. Esa nueva realidad social vuelve obsoletas las fronteras y el proteccionismo. Internacionaliza los costos, los precios y la productividad.
La globalización tiende a igualar los costos de todas las mercancías y servicios y a desplazar aquellos cuyos precios están por arriba de los promedios del comercio internacional. Ahora los altos impuestos no sólo encarecen los productos, sino que también generan quiebra de empresas y desempleo.
En el siglo XXI los gobiernos ya no deben –a riesgo de quebrar a sus productores- mantener o incrementar impuestos únicamente basados en sus necesidades, sino condicionar sus políticas fiscales a los países vecinos y competidores en todo el mundo.
En un mundo globalizado, los costos de los gobiernos son un factor determinante para la competitividad internacional de las empresas. Y esto no parecen entenderlo todavía muchos gobernantes.
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Profesor de Economía Política
