Han terminado los festejos decembrinos y el país debe retomar los pendientes importantes.
El Congreso de la Unión debe dar seguimiento a la Iniciativa que le envió el presidente Enrique Peña Nieto envió para crear las leyes generales para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas y para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles o Degradantes.
No hay tema más importante desde el punto de vista social que éste, pues es tan sensible, que quienes han sido víctimas de tortura o las familias que han sufrido la desaparición de uno de sus miembros, han sido afectadas emocionalmente, lo cual socava el ánimo colectivo.
El resentimiento que generan las injusticias y la violencia estimula una cadena sin fin, pues un alto porcentaje de las víctimas terminan repitiendo los roles de sus agresores cuando la oportunidad se los permite, como si fuese un cobro de facturas que restaura la autoestima dañada por las agresiones recibidas.
Hace pocos años, -quizá entre cinco y ocho-, una banda de ladrones de casas habitación que operaba en la Ciudad de México, -conformada por muchachos muy jóvenes-, tomaron como práctica violar a las mujeres de la casa asaltada.
Cuando fueron capturados la prensa les entrevistó y sobre el delito más sensible, -el de la violación sexual-, se centraron las preguntas más agresivas de la prensa. Ahí se descubrió que el líder de la banda había sido violado siendo adolescente y su drama lo tuvo que asimilar ante la indiferencia de las autoridades. En esa entrevista con rabia reprochó, -palabras más o palabras menos-, “¿y a mí quien me hará justicia?”.
Muchos de los delincuentes violentos fueron niños maltratados y agraviados, ante la indiferencia de la sociedad y el resentimiento guardado en el inconsciente, se libera ante sus propias víctimas.
Cuando quienes cometen las agresiones son precisamente quienes deben proteger al ciudadano, -o sea policías, militares o miembros del sistema judicial-, el daño sicológico en la sociedad es aún mayor que cuando éste daño lo infringe un delincuente.
En los países donde la policía y el sistema de justicia se apegan a la ley y realmente las autoridades cumplen su responsabilidad de proteger al ciudadano, la agresión de un delincuente siempre es interpretada y asimilada como un daño que será castigado por los protectores de la ley, lo cual deja libre una puerta de salida a la frustración.
Sin embargo, cuando quienes deben proteger terminan siendo los agresores, la sensación es de desamparo total, pues queda en evidencia que ya no existe el orden. La sensación de indefensión y vulnerabilidad es total.
Es necesario cortar de tajo este círculo vicioso.
Se debe empezar por poner orden en las cárceles, donde hay todo un sistema corrupto, violento y degradante que opera al amparo de la ley, pues los funcionarios públicos que administran los reclusorios en la mayoría de los casos se benefician de la extorsión a los internos y sus familiares, o por lo menos la toleran a sus subalternos.
No cabe duda que el reto más importante para alcanzar desarrollo social es la generación de confianza y generar un clima de respeto y paz.
Erradicar la tortura y la violencia, principalmente en el ámbito de los funcionarios públicos ayudará a cambiar el ánimo ciudadano.
En el Senado ya han anunciado que iniciarán el análisis de esta iniciativa presidencial organizando foros de consulta ciudadana, lo cual suena bien porque invita al ciudadano a participar. Sin embargo, siendo un problema tan añejo y estudiado, ésto puede resultar un distractor ante una problemática que lo que necesita son acciones inmediatas y mucha disciplina para castigar a los policías y funcionarios infractores.
El primer paso debe ser eliminar del código penal la validez de la confesión del presunto culpable de un delito, como prueba.
La tortura seguramente en la gran mayoría de los casos es utilizada para arrancar confesiones, de las cuales seguramente un gran número sirven para que el sujeto firme el documento que le incrimina, lo cual sucede no porque la confesión sea verdadera, sino para acabar con el castigo. Otras veces la tortura sirve para incriminar en un delito a un tercero.
Hoy que existen tecnologías utilizadas por la psicología para identificar si una persona miente, -como es el análisis de las microexpresiones faciales-, llegamos a la conclusión de que el camino para la investigación criminalística es la utilización de metodologías científicas.
La tortura sirve para doblegar la voluntad de cualquier persona y por ello se ha convertido en el instrumento de la injusticia y un gran negocio para funcionarios corruptos.
El doctor Paul Ekman, psicólogo norteamericano que dedicó su vida a la docencia en la Universidad de California y además ha sido asesor en el tema de la conducta humana para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del FBI y en tres ocasiones recibió el Premio a la investigación científica que otorga el Instituto Nacional de la Salud Mental, de su país, desarrolló técnicas específicas para identificar cuando la persona dice la verdad o cuando miente y éstas, -junto con otras más de tipo científico que ya existen-, debiesen convertirse en este gran instrumento que sustituya las confesiones y con ello la tortura.
Si la tortura no logra erradicarse en corto plazo, será por falta de voluntad de los funcionarios a cargo de gobernar y de impartir justicia y contra ellos es sobre los que debe dirigirse todo el peso de la ley.
