El maltrato al niño tzotzil Feliciano Díaz, -conocido en las redes sociales como Manuelito-, quien se desempeñaba como vendedor ambulante en Villahermosa-, por supuesto que es un abuso que debe ser castigado.
Sin embargo, el hecho ha sido dimensionado de forma errónea, con lo cual se desperdicia la posibilidad de generar soluciones de fondo para una problemática de alto impacto que sufre un alto porcentaje de nuestra población: el abuso de autoridad.
Que el caso particular de “Manuelito” se convierta en un tema que ocupa espacios en los más importantes noticieros de TV y radio, noticias en la prensa escrita y generado reacciones no sólo del gobernador del Estado de Tabasco, -donde sucedió este lamentable hecho-, sino también del gobernador de Chiapas y de la esposa del presidente de la república, -todos ellos ofreciendo ayuda a este niño tzotzil-, nos muestra por una parte el poder de las redes sociales, pero más aún la forma tan emocional y subjetiva como se están conduciendo los medios de comunicación, las autoridades gubernamentales y la misma sociedad.
Es digna de elogio la respuesta solidaria hacia Manuelito, pero es terriblemente criticable que todo este revuelo se agote y se focalice en este caso particular, cuando este hecho nos está reflejando una lamentable práctica de abuso del poder. Tal pareciera ser que éste es un hecho aislado y raro, cuando todos sabemos que los excesos de autoridad son una realidad cotidiana que agrede a este país.
Nos quedamos todos atrapados de forma emocional en un hecho concreto y particular, -que es reflejo de una realidad grave y lacerante y sin embargo-, ante esta alerta, no hemos volteado hacia la solución de fondo de esta problemática del México real.
En cualquier otro país el poner en evidencia un caso particular como éste, reorienta el interés público hacia el foco de atención que es evitar que estos abusos se vuelvan a cometer en otras personas vulnerables que nunca tendrán la suerte de Manuelito de que sea grabada esta agresión y dada a conocer en redes sociales.
Acotar la autoridad de los funcionarios que imponen orden, -para que no se extralimiten en sus funciones-, debiese haber sido la conclusión razonable de la exhibición pública de este hecho cotidiano.
Que las legislaturas de Tabasco y Chiapas legislaran para restringir la autoridad de inspectores municipales y penalizaran con fuerza los abusos y que el DIF nacional hubiese hecho lo mismo enviando al Congreso de la Unión una iniciativa en ese sentido, hubiese sido un desenlace feliz.
Sin embargo, después de toda la polémica, se agotó el tema en el hecho anecdótico de la historia de Manuelito y en el apapacho a este pequeño que conmovió a México.
La sobreexposición mediática de hechos como éste, distrae la atención pública sobre lo que es importante y relevante. Acontecimientos aún más graves están sucediendo en el país, que se suman a otros más, que de momento quedan relegados a un segundo plano.
Lástima que hayamos desperdiciado la oportunidad de empezar a resolver de fondo uno de los problemas más graves de México, -el mal uso de la autoridad-, del cual se derivan la corrupción, el abuso y otras prácticas nefastas que nos impiden crecer como sociedad.
COMENTARIO AL MARGEN
La noticia de que en este semestre en que el sector productivo del país se desaceleró y tuvo un impacto negativo, fuese cuando la banca privada reportara un record en las utilidades, comparada contra periodos similares es reflejo de otra realidad cotidiana.
En tan sólo un semestre reportaron ganancias que equivalen al 60% de las utilidades logradas en 2012, según reporta la CNBV. También se explica que significan un 15% superior en términos reales, al mismo periodo del año pasado.
Este logro de la banca debiese darnos gran satisfacción, si no fuese que esta altísima rentabilidad se logra con tasas de interés muy altas para los préstamos y el pago de intereses ridículamente bajos para los ahorradores mexicanos que aportan el capital que los bancos prestan. Un desequilibrio absoluto que se convierte en la plusvalía que genera las utilidades de la banca.
Ya se empieza a discutir en el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma financiera y se empieza a mencionar que uno de los puntos destacables será facilitar a los bancos el “ejercicio de garantías”, o sea agilizar en su favor el cobro de las deudas de los clientes morosos.
Ojalá que además de proteger a la banca, los legisladores se acuerden de su compromiso con los usuarios de la banca, o sea todos los ciudadanos que obligadamente somos clientes de algún banco, pues en el mundo de hoy es imposible no hacerlo.
¿Podríamos esperar que disminuyan los intereses a los usuarios de créditos y bajen el monto de las comisiones?
