Opinión

Agresión sexual e impunidad

Por Ricardo Homs


Es nuestro modelo de impartición de justicia el que estimula la impunidad en los delitos.

En el portal Animal Político se consigna el testimonio de Ana, una joven que en diciembre de 2014 fue manoseada por un sujeto, cerca de  la estación del metro Taxqueña.  El agresor fue detenido por dos ciudadanos que lo entregaron a la policía, pero ahí empezó el calvario de la víctima.

Todas las autoridades que participaron en este caso, presionaban para que ella no presentase la denuncia ante el Ministerio Público y daban como alternativa que ella llegase a un arreglo con su agresor. Incluso las funcionarias de INMUJERES que tuvieron conocimiento de este hecho la desestimulaban para que no denunciara.

El problema es que lo primero que promueve el sistema penal acusatorio instrumentado a partir de la reforma penal de la Ciudad de México, -efectivo desde enero del año pasado-, es que se evite llegar a la presentación de denuncias en el Ministerio Público, y en su lugar se busque un acuerdo entre víctima y agresor.

Es evidente que el trasfondo de esta interpretación es que al desestimularse la presentación de denuncias, bajen los índices porcentuales que se dan a conocer a la prensa y se pueda presumir ante la ciudadanía que los delitos van a la baja, en lugar de reconocer que se incrementan y lo que disminuyen son las denuncias, por presión de las mismas autoridades. Simplemente se maquilla la realidad obstruyendo la presentación de denuncias.

En esta interpretación de la ley es donde está entrampado el sistema jurídico mexicano. Lo que ha dañado la impartición de justicia es que la aplicación de la ley se sustente en una negociación entre agresores y víctimas, en lugar de obligar a que los delitos se castiguen por hábito.

La negociación entre agresores y víctimas no debe ser opción, pues estimula la impunidad y con ello los delitos.

Significa que la autoridad responsable de proteger al ciudadano transfiere a la víctima la responsabilidad de decidir si se inicia o no un procedimiento judicial. Es poner a la gente vulnerable en manos de los delincuentes, quienes presionarán a las víctimas, ya sea directamente ellos, o a través de sus cómplices, amigos o familia, para que no denuncie.

En México habrá “Estado de Derecho” hasta que la cultura de la “conciliación”, o negociación, sea erradicada y en su lugar la aplicación de la ley se sustente en “valores”.

Debido a este criterio que impacta el manejo de las denuncias por ataques sexuales en el transporte público, el gobierno de la Ciudad de México reporta una disminución de 72% en sólo un año.

Según los registros del INMUJERES, de las 311 denuncias registradas en 2014 el gobierno presume que esta cifra disminuyó a sólo 86 casos en 2015, Esto en la realidad no significa una disminución de la violencia sexual en el transporte público, sino sólo en los números, o sea en las estadísticas. Una gran mentira maquillada oficialmente con dolo. Ocultar la realidad para dar una impresión de eficiencia en el combate a los delitos.

Definitivamente con esta actitud, INMUJERES no está trabajando para proteger a esta población vulnerable respecto de estos delitos, sino sirviendo de cómplice a objetivos políticos.

Esto no disminuye la violencia contra las mujeres, sino que la oculta para disminuir las cifras y por tanto la estimula.

Si todo se resume en un arreglo que puede ser económico, la ley  propicia que las bandas extorsionen inventando una supuesta agresión sexual para extorsionar a un pasajero de servicio colectivo, en contubernio con policías y jueces y puede ser un gran negocio.

Debemos exigir honestidad a las autoridades