Opinión

Machismo político en usos y costumbres

Por Ricardo Homs


Rosa Pérez Pérez fue obligada a renunciar a la alcaldía de Chenalhó, Chiapas, por ser mujer.

Para lograrlo secuestraron a Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado de Chiapas, de quien se dice fue vestido de mujer para presionarlo a legitimar una renuncia obligada, así como a Carlos Penagos, legislador. De esta forma un grupo de miembros de esa comunidad intentó tomar el control político del municipio.

Quieren obtener por la vía del chantaje el poder político que no lograron ganar en las elecciones del 2015. Esto representa un retroceso para nuestra débil democracia.

El permitir que respaldándose en “usos y costumbres” se transgredan derechos humanos básicos es inaceptable en el Siglo XXI, principalmente sabiendo que esa es la forma no jurídica de mantener el control por parte de los caciques, en una comunidad indígena.

Si Rosa Pérez y Pérez ganó la alcaldía de Chenalhó a través de la elección  llevada a cabo el año pasado y tomó protesta como alcaldesa el primero de octubre pasado, cómo es que siete meses después es obligada a renunciar a través de métodos violentos como el secuestro de legisladores. 

Este sonado caso no es único, pues María Gloria Sánchez Gómez, en febrero pasado solicitó licencia a la alcaldía de Oxchuc, Chiapas, después de argumentar haber sido acosada para que renunciase.

A unos días después que el presidente Peña Nieto mandase al Congreso de la Unión una propuesta legislativa para evitar la discriminación en el país, seguimos viendo que la discriminación contra la mujer se da en zonas indígenas y el Gobierno del Estado de Chiapas cede a esta presión y forza la renuncia de ellas.

“Usos y costumbres” representa al modelo social más retrógrada que puede existir, pues niega a las mujeres un derecho político que la constitución mexicana garantiza a las mujeres desde el 06 de abril de 1953, desde hace 63 años. Sin embargo, hoy en pleno siglo XXI este atropello termina siendo tolerado por el Estado Mexicano.

Usos y costumbres significa  respetarles privilegios a los caciques indígenas que sojuzgan a sus comunidades desde hace muchos años. Es un sistema autoritario que se aprobó en la fase populista en que en México se mitificó el “indigenismo” y se malinterpretó, otorgando a las comunidades indígenas una autonomía de gobierno que  se contrapone a la Constitución Política de nuestro país, lo cual no tiene sustento jurídico, pues significa legitimar gobiernos locales al margen del Estado Mexicano.

Es urgente replantear el indigenismo en México, pues representa mantener en la pobreza y la marginación económica, educativa, social y de salud, a muchas comunidades indígenas, como si ese estilo de vida fuese deseable. ¿Estamos seguros de que en el fondo los indígenas desean mantenerse al margen del confort que brinda la sociedad contemporánea?.

Desgraciadamente en nuestro modelo político el gobierno siempre escucha a los caciques y los legitima para evitar que le generen problemas. Sin embargo, esto significa sacrificar los derechos de esta población que es altamente vulnerable.

El respeto a la cultura indígena, sus manifestaciones artísticas y sus tradiciones, debe ser una prioridad nacional, pero no a costa de respetar una autonomía que sólo beneficia a los caciques locales, quienes pueden seguir usufructuando, como hasta ahora lo han hecho, los beneficios del poder político, legitimado inexplicablemente  desde las más altas instituciones federales.