La percepción internacional de una crisis de derechos humanos en México debiese preocuparnos.
69 legisladores norteamericanos del Partido Demócrata acaban de pedir al secretario de estado, John Kerry que incluya el tema de los derechos humanos en las negociaciones bilaterales con México.
Sin embargo, el tema hoy ya es muy complejo. Cuando los derechos humanos los burla el estado dentro de un régimen dictatorial o autoritario, para mantener el control político, el problema es muy claro y se sabe quién es el culpable.
Sin embargo, cuando sucede en un país democrático como el nuestro y los que realizan las agresiones representan a muchos sectores de la sociedad y del aparato gubernamental, entonces el origen no es sólo político, como generalmente se interpreta, pues involucra a toda la sociedad.
Continuamente atestiguamos noticias de violencia e impunidad, como la de Salvador Olmos García, periodista oaxaqueño que fue asesinado por policías de Huajuapan de León, Oaxaca, por criticar al alcalde de ese pueblo.
También está el caso de César Eduardo, joven de diecisiete años asesinado por una bala disparada por un policía municipal de León Guanajuato, hecho que se ve agravado por la indiferencia del ayuntamiento de esa ciudad para impartir justicia y atender a la familia de la víctima, nos sigue hablando del mismo problema: impunidad.
El caso del alcalde de Álvaro Obregón, Michoacán, Juan Carlos Arreygue Núñez, que es acusado de haber mandado asesinar a diez personas a través de la policía municipal, es sintomático de nuestra realidad cotidiana.
A partir de este asesinato que él ordenó se ha dado a conocer que desde hacía mucho tiempo estaba sujeto a investigación por sospechas de pertenecer al cártel de los Caballeros Templarios. Sin embargo, ¿por qué las autoridades lo dejaron ser alcalde?. Ésto habla de irresponsabilidad de las autoridades que lo investigaban. Si hubieran actuado a tiempo, hoy no estarían muertas esas diez víctimas.
Sin embargo, por otra parte está el caso del linchamiento de los encuestadores de la empresa de investigación denominada SIMO, quienes realizaban estudios de opinión y la noche del martes ocho de agosto fueron agredidos por los pobladores de la comunidad Ignacio Zaragoza, del municipio de Centla, Tabasco, quienes de milagro salvaron la vida después de feroz golpiza aún después de haberse identificado. Hoy viven gracias a la intervención del Ejército, la Armada y la policía estatal. Todo a partir de la suposición de que podían ser ladrones.
Sin embargo, peor suerte tuvieron los dos hermanos de apellido Copado, quienes realizaban encuestas en Ajalpan, Puebla, en octubre del año pasado y fueron linchados hasta la muerte.
¿Por qué los pobladores de muchos pueblos han tomado la justicia en sus manos y no entregan a quienes suponen son delincuentes las autoridades, aunque estas se los estén exigiendo?. Sin embargo, aún en su presencia los ejecutan siendo inocentes, como en estos dos casos está comprobado.
Las agresiones contra las propiedades y el patrimonio de pequeños comerciantes de Oaxaca y Chiapas, así como a las oficinas de gubernamentales y la toma de autopistas, todos estos delitos perpetrados por la CNTE en varios estados, quedan sin castigo
Todos estos casos, perpetrados por diferentes actores sociales y gubernamentales responden al mismo principio: crisis de nuestro “estado de derecho”.
Incluso la crisis de derechos humanos que hoy es cuestionada, se sustenta en una crisis del estado de derecho que se refleja en la impunidad, pues quienes trasgreden la ley no son castigados.
Hoy no hay problema más grave en México que el de la impunidad y la ausencia de un estado de derecho efectivo.
Éste es un problema complejo porque nace dentro de la misma sociedad. La mayoría de los mexicanos nos sentimos cómodos cuando hay flexibilidad y podemos escaparnos de la aplicación de la ley, cuando nos conviene.
Este es un problema de interpretación. El mexicano considera que la ley es el instrumento de opresión del gobierno y por tanto, la ley no le protege a él, sino que es su enemiga. Se considera víctima de la ley.
Interpreta que la ley y los policías abusivos son uno mismo. Que la ley protege a los gobernantes corruptos.
Jamás se le ocurre pensar que la ley es la que puede meter en la cárcel a los policías abusivos y los gobernantes corruptos. Entonces las comunidades, grupos sociales, sindicales, políticos, toman la justicia en sus manos aunque ésto implica que transgreden la ley.
Lo peor es que las autoridades, presionados por resolver los conflictos que se vuelven mediáticos, caen en este juego perverso y se sientan a negociar al margen de la ley, como en el caso de SEGOB y SEP respecto a la CNTE, o se hacen de la “vista gorda”y legitiman la impunidad como en los linchamientos, o protegen a sus elementos cuando se trata de policías o funcionarios públicos.
La sociedad mexicana no respeta “el estado de derecho” en la práctica, aunque lo exige de “dientes para afuera”. Sólo cuando es víctima de la impunidad reclama.
Mientras en los países desarrollados, entre los que los mexicanos debiésemos vernos incluidos, la ley es interpretada como la mayor protección y garantía de seguridad que tiene el ciudadano, en México como sucede en los regímenes dictatoriales y totalitarios, tiene connotaciones negativas y por ello burlar la ley es el deporte nacional.
Esto lleva implícita la interpretación popular de que la ley ha sido secuestrada por los gobernantes para legitimar sus abusos.
Por eso, cuando hay conflictos sociales como los que hoy vemos, la ley se hace a un lado y se le ignora y en su lugar, la negociación se convierte en el instrumento que dará solución a los problemas. ¿Dónde quedan el estado de derecho y la certeza jurídica?.
Además, por herencia antropológica que nos lleva a aceptar el riesgo como una condición implícita en la aventura de vivir, suponemos que la violencia nunca nos va a afectar y por ello nos mostramos indiferentes ante la desgracia de quienes un día se convierten en víctimas.
De lo que podemos estar seguros es que si no hay estado de derecho y prevalece la impunidad, por regla natural los delitos seguirán incrementándose y con ello el riesgo de ingobernabilidad. Puede llegar a suceder incluso, que los cárteles coloquen en el poder a gente incondicional de ellos, como vemos que sucede en algunos municipios del país, donde colocan funcionarios a su antojo, amenazando al alcalde o corrompiéndolo. “O plomo, o plata”.
El primer paso para rescatar el estado de derecho es depurar a todo el aparato gubernamental y meter a la cárcel a quienes sirven y trabajan para la delincuencia organizada, así como poner controles que obliguen a los funcionarios públicos a aplicar la ley y no irse por el camino fácil de la negociación.
Además, revalorar ante la ciudadanía el “estado de derecho” es un pendiente de extrema urgencia si no queremos ver que otros grupos de choque como lo ha hecho la CNTE, quieran resolver la atención de sus problemas generando violencia para sentar a negociar al gobierno.
La crisis de derechos humanos es la consecuencia de la crisis que vive nuestro estado de derecho.
