¿Para qué mantener un sistema caro de impartición de justicia penal como lo es el nuestro?.
Más fácil es hacer de lado al “estado de derecho” y someter a votación pública los juicios penales. Más práctico es hacer una encuesta con el “respetable público” y pedirle que defina si alguien es inocente o culpable y cómo debe ser castigado.
Imaginemos tener la oportunidad de olvidarnos de los juicios donde intervienen abogados y jueces y sustituir todo un sistema jurídico compuesto por leyes e instrumentos legales, por un portal donde la gente opine, juzgue y al final por consensos se definan las sentencias.
Esto sería un gran sistema de impartición de justicia, muy democrático e innovador.
Las redes sociales actuarían como jurado ciudadano.
De este modo podríamos cerrar los juzgados y así nos ahorraríamos todo un sistema muy, pero muy caro de impartición de justicia penal. No olvidemos que hay magistrados que tienen un salario mayor que el presidente de la república. Cerraríamos las escuelas de derecho de todas las universidades pues sería innecesario estudiar la Constitución Mexicana y aprender a interpretar las leyes, pues en contraste con tanto conocimiento jurídico, el sentido común de los ciudadanos sería suficiente para juzgar y emitir una sentencia.
Además, eliminaríamos de tajo un sistema corrupto, con jueces que se venden al mejor postor.
Impartir justicia con encuestas y opiniones ciudadanas parece fantasioso y producto de ficción, pero está sucediendo hoy en la realidad con casos jurídicos de alto impacto, dominados por las redes sociales, que como derivación logran impactar a los medios masivos de comunicación y generar fenómenos de opinión pública que presionan a las autoridades gubernamentales y a los jueces que deben resolver este tipo de casos.
Esto ha sucedido en casos como el de Diego Cruz, juzgado por las redes sociales como Porky y sentenciado públicamente por la ciudadanía por violación.
Originalmente él era una de los cuatro que fueron demandados. Inicialmente fue acusado en el expediente judicial, de tocamiento y nunca de violación.
Sin embargo, hoy con toda ligereza ya ha sido juzgado en las redes sociales como violador, no obstante que también está preso en un penal quien sí ha sido acusado como el violador: Enrique Capitaine.
No obstante haber sido señalado Enrique en el expediente como quien consumó la violación, éste ha sido exhibido públicamente con menos agresividad que Diego Cruz, sobre quien sí se ha ejercido violencia exagerada.
Es evidente que desde algún lugar oculto se han manipulado los sentimientos de una sociedad agraviada por el abuso de delincuentes y por la violencia de género, que sin duda existe y es más grave que lo que las autoridades están dispuestas a reconocer.
Todos sabemos que la impunidad que rodea a la violencia de género crece porque es tolerada y solapada por la indiferencia de los ministerios públicos y eso ha generado un fenómeno de opinión pública que es un clamor general.
Sin embargo, lo que no se entiende es que desde algún lugar, ya sea oficina o empresa pudiese haber expertos en redes sociales y viralización, quienes podrían estar capitalizando este resentimiento público, reorientándolo hacia casos específicos. Así vemos que ha sucedido en contra de Diego Cruz.
Como ejemplo tomemos estas aseveraciones de un importante y prestigiado columnista y conductor de un noticiero de TV, quien inicia su columna del 30 de marzo pasado explicando que la tía de Diego Cruz, uno de los jóvenes veracruzanos identificados como Los Porkys de Costa de Oro, al parecer es también amiga, al menos en Facebook, de quien pudiera ser hermana del juez Anuar González Hemadi, quien falló así en un amparo a favor de Diego.
Con puras suposiciones, pues no logra asegurar que ambas sean amigas mas que en Facebook, lleva a sus lectores a suponer que la tia de Diego fue capaz de influir en la hermana del juez para que éste emitiese el amparo.
Es importante considerar si en el mundo de hoy es posible que un juez pudiese dejarse influir por su hermana y además, que esto suceda en un caso tan polémico, donde el señalado está “en el ojo del huracán” y el amparo significa para el juez ponerse en contra de la opinión pública.
Por tanto, es de asombrar los milagros que puede producir Facebook.
Es grave que con tanta ligereza se pueda involucrar a los familiares de personas que enfrentan un problema judicial y a los de los funcionarios que intervienen en este tipo de casos.
De esta forma, sin estar conscientes de ello, muchísima gente de buena fe está facilitando que se violen los derechos a un juicio justo, evitando que la sentencia sea realmente equivalente a la gravedad del acto cometido y no que Diego sea juzgado primero por la sociedad con base a suposiciones de lo que sucedió y después las autoridades bajo presión emitan una sentencia injusta.
Un derecho básico de todo inculpado, es el relativo a un juicio justo.
Tan malo es permitir la corrupción en el sistema de impartición de justicia, como lo es linchar mediáticamente en redes sociales a algunos inculpados, para que de este modo se capitalice el enojo que se manifiesta en el clamor popular en contra de la violencia de género.
¿Usted cómo lo ve?
