Los conflictos por tierras, tanto en Chiapas como en Oaxaca, son añejos pero rebasan lo jurídico. Son simples pretextos para que los caciques de esas zonas mantengan su poder y los oportunistas se apropien de las propiedades de la gente vulnerable.
Los grupos armados que viven en las zonas de conflicto, por lógica responden a un dueño.
Estos son conflictos enmascarados por normas creadas bajo el sistema de “usos y costumbres”, que las autoridades formales han tolerado desde siempre, permitiendo así el despojo protegido perpetrado por grupos paramilitares de la zona..
Los conflictos religiosos que culminan con la expulsión de los pobladores que profesan religiones cristianas, por parte de grupos que dicen ser católicos, también son parte del mismo problema, puesto que se manipula pretextando motivos inexistentes.
Si tomamos como ejemplo el caso Chenalho en contra de Chalchihuitán, descubrimos que es un conflicto ficticio que no debe generar violencia, pues lo mismo da que unas tierras pertenezcan a un municipio o al otro, siempre y cuando sigan en poder de sus legítimos propietarios.
Jurídicamente se resumiría para sus propietarios, que en lugar de pagar el predial en un municipio, lo pagarán en otro y que la jurisdicción cambia pues dejan de estar bajo la autoridad de una comuna y se someten a otra. Todo se convertiría en un asunto administrativo que sólo afectaría a los alcaldes.
Sin embargo, que este conflicto implique el desalojo de las familias pobladoras y el despojo de su propiedad, nos habla de problemas ficticios creados con algún otro interés, económico o político.
Alguien está azuzando a los pobladores y está enviando grupos civiles armados a expulsar a los residentes.
Es infantil suponer que dentro del gobierno del Estado de Chiapas no se conozca quienes son estos líderes que movilizan civiles y crean violencia.
Lo que se debe hacer es aplicar la ley al precio que sea y cancelar la aplicación jurídica de “usos y costumbres”, que en el ámbito indígena sólo ha servido para perpetuar en el poder a los caciques y permitirles seguir usufructuando el control social y político en beneficio propio.
No puede haber en México dos aplicaciones jurídicas. Nuestra Constitución debe regir la vida social y política en todo México.
¿Usted cómo lo ve?
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