El tema de la corrupción parece ser el eje de la campaña presidencial. La promesa de combatirla por parte de los candidatos y las recriminaciones de unos contra otros.
Sin embargo, no hay nada nuevo. Todas son promesas vagas.
El combate a la corrupción pareciera ser que se piensa que se resolverá sólo con la buena voluntad de quien llegue a ser presidente. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. El compromiso del presidente sin duda ayudará, pero no solucionará este grave problema, porque igual que el cáncer, ya está extendido por toda la estructura gubernamental, donde los ojos del presidente en turno jamás llegarán a vigilar.
Que si la corrupción es un problema cultural, como lo definió el presidente Peña Nieto, es una verdad relativa que tiene gran significado y manifiesta la visión gubernamental: todos los mexicanos somos corruptos en potencia y por tanto, ésto no tiene solución. Cuando llega la oportunidad de lucrar todos caemos en la tentación. Este es el significado implícito en esa aseveración, como si fuera un asunto genético.
Sin embargo, este es un diagnóstico injusto para calificar a un importante porcentaje de los mexicanos que sí son honestos por convicción.
Tener un presidente honesto tampoco resuelve un problema social que está anclado en dos pilares: los valores morales de la sociedad y las prácticas que permiten y hasta estimulan la corrupción. Si no se atacan ambas simultáneamente, el problema no se resolverá.
Las buenas intenciones lanzadas al aire, como acostumbra hacer Andrés Manuel, no traen soluciones, como tampoco las promesas de Anaya, Mead y Margarita.
Poner como solución a la corrupción la educación, así a secas, es una respuesta ingenua quizá, o más bien perversa por parte de un candidato. Es echar el problema a varias décadas adelante, porque si no resolvemos hoy, nunca se logrará.
Es necesario enfrentar a este cáncer social con dos herramientas: una de choque, que consiste en cerrar el cofre y guardar la llave donde nadie la vea, en manos de una institución honorable y además, castigar con penas muy severas las prácticas corruptas, con cárcel sin derecho a fianza y quitando el producto robado, que es lo que el sistema hoy no hace, sólo lo simula.
Por supuesto la educación es muy importante, no para erradicar la corrupción, sino para mantener el orden cuando ya se erradicó.
Este problema social se resuelve igual que los problemas de salud humana. Cuando tenemos una crisis grave de salud o un accidente con riesgo de muerte, lo primero que hacen los médicos es un tratamiento de choque o de terapia intensiva para controlar el problema y no continúe el deterioro. Si es un accidente, primero es frenar las hemorragias y controlar las posibles infecciones y cuando se estabilizó al paciente y está fuera de peligro, entonces viene el tratamiento para la recuperación.
El tratamiento judicial contra la corrupción con medidas fuertes y dolorosas equivale a la terapia de choque o terapia intensiva, donde el combate a la impunidad es decisivo. Luego, el tratamiento de recuperación de la salud, para la sociedad mexicana sería un programa educativo centrado en valores morales y sociales, para formar a las nuevas generaciones de mexicanos sin que se contaminen viendo a su rededor corrupción e impunidad, como sucedería si no hubiese habido antes la terapia de choque.
El problema de México es la doble moral: hablamos de ética en abstracto y de buenas intenciones pero las acciones muestran lo contrario. Por ello el cinismo en la corrupción hoy ha llegado a niveles alarmantes. Vemos control exagerado en contra de los causantes cautivos por parte de las instituciones fiscales, pero voltean hacia otro lado donde está la corrupción gubernamental.
Lo que tenemos que reconocer es que la solución real a la corrupción no la tienen los candidatos presidenciales: esa es pura demagogia electoral. La terapia de choque contra la corrupción la debe crear el Congreso, modificando las leyes y creando estructuras legales de control alejadas del Poder Ejecutivo, para que las instituciones responsables del combate a la corrupción tengan autoridad para cuestionar incluso al presidente en turno y además dientes para castigar a los infractores.
El Congreso es el que puede legislar el otorgamiento de poderes para que estas instituciones actúen con total independencia de la presidencia de la república. El Congreso debe seleccionar sin injerencia presidencial a los fiscales que deben combatir la corrupción y definir un perfil no sólo profesional, sino también moral para quien ocupe los cargos. Lo mismo debe hacerse en el Poder Judicial.
Es preocupante que el candidato presidencial que hoy lleva la delantera, en una entrevista colectiva con analistas políticos en el canal de TV Milenio, en un programa nocturno, haya declarado que no confía en las instituciones y por ello, de llegar a la presidencia, pugnará porque el cargo de Fiscal General de la Nación se designe a partir de una terna de candidatos enviada por el presidente.
¿Tres amigos del presidente?. ¿Para que quien quede le deba el cargo y reciba sus órdenes?. ¿Dónde queda la independencia de las instituciones?.
Esto que propone Andrés Manuel es regresar al “fiscal carnal”. Es el mismo caso de cuando fue designado Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública, con la encomienda presidencial de investigar el caso de la “casita blanca”.
Por ello es urgente fortalecer a las instituciones y su independencia.
Quien paga para tener cargos, o hace trampa en los exámenes para conseguirlos, como sucedió con quienes compraron exámenes para ser jueces federales, o los candidatos a fiscal general que plagiaron los trabajos que debían presentar al Congreso como muestra de su capacidad profesional, no tienen calidad moral para combatir al crimen ni para impartir justicia.
Si usted piensa que no se puede combatir la corrupción, entonces hay que voltear a ver el caso de Singapur, en el sudeste asiático, donde en menos de diez años controlaron a un país con uno de los más altos estándares de corrupción del mundo y lo convirtieron en un modelo de orden, legalidad e incluso moralidad.
Para combatir la corrupción no basta con tener candidatos honestos y un presidente honesto, si no se hace una reingeniería gubernamental para frenar la corrupción y un replanteamiento judicial para aumentar el castigo a los corruptos y cerrar las puertas para que se evadan, como hoy sucede.
¿Usted cómo lo ve?
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