La promesa del próximo presidente, López Obrador, de reducir salarios en la alta burocracia debe ser tomada con reservas. Tiene las mejores intenciones, pero eso no garantiza los mejores resultados.
Uno de los graves riesgos que tiene la actividad gubernamental es que en los niveles estratégicos de toma de decisiones no se cuente con los funcionarios mejor capacitados y más competentes. Por eso vemos grandes errores e incompetencia que trae aparejada la dilapidación de recursos públicos por una mala planeación. Supervisión deficiente, decisiones incorrectas o a destiempo y quizá hasta actitud carente de compromiso. Incluso hasta abre las puertas a la corrupción.
Siempre ha existido una competencia entre el sector público y la iniciativa privada por las mentes más brillantes, las que pueden garantizar eficiencia y efectividad en el manejo de los asuntos públicos.
Es evidente que la competencia por los mejores recursos humanos siempre va a estar determinada por la capacidad de ofrecer mejores salarios y prestaciones. Es natural y muy humano inclinarnos a favor de quien ofrezca más.
¿Por qué la gente más capaz no preferiría aceptar las ofertas laborales de quien ofrezca más?.
Este planteamiento del próximo presidente tiene lógica y buenas intenciones, pero está totalmente distanciado de la realidad contemporánea. Para alcanzar sus metas él necesita rodearse de los mejores.
Solamente los funcionarios que ya son ricos y pueden darse el lujo de trabajar con base a vocación e ideales, aceptarán el reto de trabajar por un salario bajo.
La mejor forma de combatir la corrupción es pagar salarios competitivos para tener a los mejores colaboradores, o de otro modo, para tener a los mejores, tendría que dejarles hacer negocios, que es el peor escenario y por el que el electorado votó en contra.
Con salarios bajos en los altos niveles, el gobierno se convertirá en el receptor de los recursos humanos que no alcancen a colocarse en el sector privado, que vale la pena decirlo, valora muy bien al talento y sabe lo importante que es pagarles bien y tenerlos motivados.
Una muestra la tenemos en los reveses que ha tenido la PGR al detener a importantes capos.
Con todas las evidencias a su favor, pero desarrollando una pobre defensa y poco sustento jurídico, debido a errores de su infraestructura humana, estos delincuentes han sido liberados por abogados muy competentes, que a cambio de jugosos honorarios les consiguen la libertad.
No es en los salarios donde se consiguen los ahorros, sino controlando el dispendio de la parafernalia del poder. Los viajes, las comidas lujosas, fiestas, celulares, autos, choferes, y guaruras y lo más grave, compensaciones a través de partidas secretas de manejo discrecional, constituyen el dispendio que erosiona las finanzas públicas.
Bajar los salarios es una medida de bajo impacto económico, aunque sí es de alto simbolismo, porque enciende al común de los mexicanos, que ven con recelo a estos funcionarios.
No será posible retener a funcionarios con estudios en el extranjero y altamente capacitados, con una nómina inequitativa, mientras en la iniciativa privada les ofrecen grandes salarios y prestaciones.
Es posible que quienes ya están ganando buenos salarios en el gobierno acepten la reducción de privilegios, pero no disminución en el salario directo.
El salario que se asignó a sí mismo el nuevo presidente, de 108 mil pesos mensuales, que es la mitad de lo que percibe el presidente Peña Nieto, lo recibe un gerente de nivel medio en una multinacional. Un director de área o un vicepresidente tienen salarios muy superiores.
Con la reducción de salarios se desmantelará una infraestructura muy profesional que hoy tiene el gobierno federal, como lo es la de perfil financiero.
Esos funcionarios que abandonarían el gobierno, con tanta experiencia, serán los que terminarán asesorando al sector empresarial en lo relativo a ingeniería financiera, para optimizar el pago de impuestos.
Muy importante será que antes de seguir hablando de la reducción de salarios en altos niveles jerárquicos, el próximo presidente contrate a una empresa especializada en el tema, que evalúe el mercado laboral y defina hasta donde se podrán hacer ahorros, pero sin perder competitividad en el ámbito de lo que hoy se denomina “atracción de talentos”.
Hoy no se puede gobernar con “sentido común” sin el apoyo de expertos. Ellos son quienes deben evaluar el impacto de la reducción salarial y ofrecer alternativas.
¿Usted cómo lo ve?
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