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Nueva política fiscal criminal

 18 jun 2019
Por: Ramón Ortega Díaz

Algo de lo que no se ha comentado es la recientemente publicación del “Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República” en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 16 de mayo del presente año y el cual busca fundamentalmente el combate a la corrupción y derivará en varios puntos que desarrollaremos en el presente artículo.

Esta política fiscal criminal nace desde la Reforma Fiscal del 2014 al incluir el combate al tráfico de comprobantes al considerarlas como “esquemas agresivos de evasión fiscal”: la compra-venta de facturas.  De este concepto nace el famoso artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) que es el concepto de “operaciones inexistentes” y la famosa “materialidad” de no darle efecto fiscal a estos comprobantes fiscales. Por cierto, en días pasados se reformó el artículo 113 del CFF con el tema de delito fiscal; así como escucharemos casos por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) combatiendo algo que se ha convertido en un deporte nacional generando un quebranto fiscal por estos esquemas estimándose en 500 mil millones de pesos anuales.

Con el combate al tráfico de comprobantes y su evasión fiscal, no sería necesario una reforma fiscal con la finalidad de obtener más recursos; así como las figuras de las empresas fantasmas, los prestanombres y el “beneficiario final”. De ahí que vienen modificaciones (más adelante) a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Seguridad Nacional; entre otras, con la finalidad de fortalecer la política tributaria y “diseñándose” la figura del “delincuente fiscal” (ya en iniciativa) donde se seguirá la huella del dinero ilícito en un esquema de investigación similar a lo que sucede en EU con grupos de inteligencia y “soplones fiscales” (infiltrados).

Dentro de la estrategia nacional de seguridad pública, uno de los puntos con los que se vincula es con el de responsabilidad hacendaria donde se incluye en el tema del combate a la delincuencia a lo que conocemos como “delitos de cuello blanco”: desvío de recursos, defraudación, cohecho, malversación y las operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. El decreto (ya en vigor) menciona los siguientes puntos de esta nueva política fiscal criminal:

  • El combate al lavado de dinero es una prioridad de la presente Estrategia. Mediante el uso de la inteligencia financiera, se combatirá al crimen organizado como un sistema económico, es decir, en su fortaleza económica.
  • Ya se ha derramado demasiada sangre combatiendo las actividades vinculadas al narcotráfico. Concentraremos nuestros esfuerzos en atacar los esquemas financieros de manera paralela a los llamados objetivos prioritarios.
  • Con el apoyo del Congreso de la Unión se promoverán las acciones legislativas, operativas, orgánicas, presupuestales para consolidar una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero (Guardia de Finanzas) y se orientará a la Policía Cibernética a la plena operatividad. En general, se enfatizará la capacitación y actualización en el uso de nuevas tecnologías.
  • Se fortalecerán asimismo los mecanismos para detectar y sancionar conforme a derecho las diversas modalidades de evasión fiscal, una práctica que causa graves daños al erario y reduce severamente el margen del gobierno para procurar el bienestar colectivo.

Una realidad es que se fortalecerá el combate al tráfico de comprobantes fiscales y a las “empresas fantasma” así como ir “cerrando el círculo” mediante colaboración internacional buscando erradicar a los paraísos fiscales; obviamente buscando que “suene la caja”. Dentro de las estrategias específicas se tiene la del combate al lavado de dinero, defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada; donde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) juega un papel primordial y donde ya hemos visto congelamientos de cuentas bancarias y ampliación en la lista de personas bloqueadas en estos últimos días. Según la Secretaria de la Función Pública (SFP) México es de los países donde más de blanquean activos (lavado de dinero) en el mundo, por debajo de China y Rusia ubicándose en el tercer lugar; siendo la evasión y elusión fiscal dos de los puntos origen acorde al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Menciona el  decreto: “De igual manera, al utilizar recursos de procedencia ilícita en las actividades productivas, produce un quebranto a la hacienda pública del país por la defraudación fiscal que esto provoca y que lesiona también a la sociedad por la distracción de recursos que bien podrían ser utilizados en educación o programas sociales.” Derivado de lo anterior, se llevará a cabo veintiuna actividades de las cuales destacamos las siguientes cinco:

  • Combatir el delito de utilización de recursos de procedencia ilícita.
  • Homologación de criterios y plataformas de tecnologías de la información y comunicación para integrar y diseminar productos de inteligencia patrimonial, fiscal y económica.
  • Generar datos estadísticos y mapas patrimoniales que identifiquen factores de riesgo, así como patrones inusuales en materia fiscal.
  • Incrementar el número de denuncias que presenta la UIF ante la Fiscalía General de la República de los hechos que tenga conocimiento relacionados con la utilización de recursos de procedencia ilícita, así como con vistas entre la PFF por casos de defraudación fiscal y SFP por temas de responsabilidades administrativas.
  • Implementar en la Guardia Nacional una Unidad Policial Especializada en la Investigación de Lavado de Dinero denominada Guardia Financiera, que debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esta Estrategia Nacional tiene otras en específico interesantes como la de agilizar los procedimientos de extinción de dominio (Ley de Extinción de Dominio) y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia y como uno de sus objetivos es la de erradicar la corrupción; siendo que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se plasmará tal y es como se encaminará tal por lo que posteriormente vendrán los criterios generales que dará a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por lo que el tema de Seguridad Nacional en relación con la prevención y combate de lavado de dinero seguirá teniendo más alcances a los que tradicionalmente conocemos y que, como hemos venido pronosticando, será el nuevo aspecto de fiscalización en México.

 

 



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