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Detrás de las cámaras de... "Presunto culpable"

 6 nov 2013
Por: Ricardo Homs

El proceso que por tres mil millones de pesos se le sigue a los productores de la película Presunto culpable y principalmente a Roberto Hernández, -su director-, en el juzgado 17 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), no sólo cae en el absurdo, sino que deja entrever la sospecha de una la venganza de los juzgadores que dieron entrada a las demandas y seguramente de sus propios jefes y de todo el sistema que ha sido puesto en evidencia por este documental.
Que existan tres demandas interpuestas por tres presuntos afectados que son el policía que detuvo a Toño Zúñiga, -el personaje central de este documental pues es la víctima inocente que fue detenida arbitrariamente según muestra este filme-, así como por el testigo cuyo testimonio fue decisivo para el encarcelamiento de Toño, y también por los familiares del asesinado, es circunstancial, pues en cualquier otro caso donde no estuviese involucrada la imagen del sistema de impartición de justicia del DF, ni siquiera procedería la demanda.
Lo terrorífico es que algo tan endeble sea el sustento de la jueza para enjuiciar al director de la película, porque así lo quiere todo un sistema que busca venganza.
Es una llamada de advertencia a todos los medios de comunicación de que con ellos no se "metan". Por eso el absurdo que representa el teatro montado para castigar a Roberto Hernández, parece tener el objetivo de advertirles a todos los demás que pudieran hacer algo similar, que pueden meterse en problemas.
Es un atentado, -por tanto-, contra la libertad de expresión y un monumento a la impunidad.
El juicio contra Roberto y el equipo de producción es el pretexto para dar el aviso al resto de la sociedad, de que el sistema judicial no permitirá que su actuación se vuelva transparente.
Por tanto, hoy los medios de comunicación están amenazados no sólo por la delincuencia organizada… sino también por algunos altos funcionarios del sistema de impartición de justicia que se oponen a la transparencia.
Es la lucha de un sistema que vive de la opacidad y se niega a perder su poder feudal y privilegios.
Que esto hubiese sucedido hace veinte años, respondería al sistema "opaco" que prevalecía en la sociedad de esa época.
Que suceda hoy, -en pleno ejercicio de la democracia, donde la transparencia es un derecho ciudadano y de la sociedad-, es inadmisible.
Que ésto va a trascender las fronteras del país es un hecho. Hoy este tribunal que enjuicia a Roberto Hernández lo hace en el momento más inoportuno, precisamente cuando México ha sido calificado pésimamente por los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como parte del segundo Examen Periódico Universal que presentó a mediados de octubre pasado en Ginebra, Suiza.
Lo que llama la atención es que ni siquiera se cuidan las formas y con una soberbia sin precedente un organismo que debiese generar confianza y garantizar la justicia a plenitud, está actuando con gran prepotencia contra un ciudadano que simplemente ejerció el "derecho de expresión" en un país que hoy se esfuerza por ser transparente y democrático.
El grave daño que este tribunal hará a la imagen de país, -en la era de la comunicación digital y las redes sociales-, terminará por poner en evidencia de cara al resto del mundo, la crisis de justicia que vive México, donde la ley se aplica "a criterio" y no buscando el principio universal de "justicia".
Este caso, -por su trascendencia al enjuiciar el derecho a la libertad de expresión-, ya no es un tema doméstico que atañe al Distrito Federal y sus autoridades, sino un asunto de impacto nacional que repercutirá internacionalmente.
Este grave impacto negativo que tendrá para la imagen de México, amerita la intervención inmediata del poder legislativo y de los más altos niveles del Gobierno Federal, pues como acaba de expresar el expresidente Ernesto Zedillo, "la reforma al Poder Judicial federal debe ser una prioridad nacional y gastar lo que sea necesario para su implementación".
Que la decisión unipersonal de un juez sea capaz de violentar los derechos de un ciudadano en total opacidad y según su criterio o intereses, -e incluso afectar el patrimonio irrecuperable de un ciudadano, o hasta la posibilidad de que pierda la libertad, hoy debe ser cuestionado.
Este caso representa la lucha a muerte entre la "opacidad" y la "transparencia" en la impartición de justicia.
Se está criminalizando el derecho a la transparencia que está garantizado por las últimas reformas a la Constitución Mexicana.
Este caso judicial por su alta significación sería una gran oportunidad para que todo el equipo de juristas del CIDE saliera en apoyo de uno de sus miembros, -que es el enjuiciado Roberto Hernández-, y como cuerpo colegiado sentaran un precedente jurídico que de luz a lo que debe ser la próxima reforma judicial, la reforma pendiente más importante para México, porque es la que dará certeza al derecho que tenemos todos y cada uno de los mexicanos de acceder a la justicia "de a deveras".
 



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