Opinión

La coadyuvancia de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública

Por Iván Montiel


La coyuntura que atraviesa el país en materia de seguridad es alarmante. En plena emergencia sanitaria por el covid19, en el mes de abril se elevó un 11% el promedio de homicidios comparado con el mes de enero y se registró el trimestre más violento en la historia del país.

Estoy seguro que, la decisión del Ejecutivo y del gabinete de seguridad, para apegarse al artículo quinto transitorio de la Reforma Constitucional de 2019 que dio origen a la Guardia Nacional, fue muy difícil de tomar. Primero porque va en contra de su discurso político, segundo porque echar mano del recurso de forma oficial, es aceptar que la estrategia de seguridad y su proyecto insignia simplemente no están caminando.

La Guardia Nacional tiene una figura histórica que data de nuestra Constitución de 1857 y la de 1917, donde se establecía, en un formato de milicias, la existencia y la actuación de estos grupos que se encontraban al mando de los gobernadores en las diferentes entidades.

Sin embargo, esa figura no se reguló ni se había actualizado desde finales del siglo XIX, quedando en la historia sin utilizarse plena y efectivamente. Por lo que, atendiendo la necesidad de nuestra seguridad interior, y emulando la conformación de los cuerpos policíacos de otros países, como los carabineros de Chile o la Guardia Civil Española, el Gobierno Federal emprendió la tarea de integrar nuestra Guardia Nacional.

Originalmente, su estado de fuerza contemplaba más de 100,000 elementos para su conformación. Sin embargo, desde su creación, se denotó que el nivel de reclutamiento continuaba por debajo del estándar establecido. El último dato oficial que se conoce, proviene de un reporte publicado el 17 de diciembre del 2019. Para ese momento la Guardia Nacional contaba con 74,437 elementos, según una nota de Animal Político.

Otro reporte presentado en la plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el pasado 30 de enero, ubicó el estado de fuerza de la corporación en 76 mil elementos. Pero, de acuerdo al reporte de diciembre, del total de elementos de la GN, casi 14,000 serían efectivos de SEMAR y SEDENA en apoyo al cuerpo de seguridad.

Por lo que excluyendo a estos elementos, que se encontraban en funciones de apoyo a la seguridad pública, la Guardia Nacional la compondrían aproximadamente 35 mil elementos de Policía Militar, más 6,800 elementos de la Policía Naval y 19 mil policías federales.

Ojo, todos estos elementos ya se encontraban desplegados y realizando labores de seguridad pública antes de que se constituyera dicha corporación. El pasado 19 de marzo se graduaron 2,740 elementos de la Guardia Nacional en una ceremonia llevada a cabo en el Centro de Adiestramiento Especializado de Policía Militar; con los recién graduados ya se cuentan 7,136 elementos certificados.

Con esto se puede decir que el estado de fuerza actual de la Guardia Nacional se encuentra apenas sobre los 81,000 elementos de los más de 140,000 que el presidente López Obrador prospectó en el Plan Nacional de Desarrollo para cubrir 266 regiones distribuidas en las 32 entidades federativas.

Hasta el momento, el Comandante de la Guardia Nacional, General Luis Rodríguez Bucio, aseguró que este 2020, la corporación ya está presente en 150 coordinaciones regionales, y durante el año llegarán a otras 50 más, para que en 2021 se tenga presencia en las 266 regiones que se proyectó originalmente.

En datos duros, el incremento de su estado de fuerza es mínimo, aproximadamente el 80% de los elementos que la conforman están adscritos y cobran su sueldo en la SEMAR o en SEDENA y el reclutamiento continúa a cargo de las fuerzas armadas, quienes además de comisionar a sus elementos en funciones de seguridad pública, también han proporcionado equipo, instalaciones y armamento.

Por ende, el acuerdo publicado el pasado 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación para formalizar la participación de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Pública, deja claro que la Guardia Nacional aún no brinda los resultados esperados y que continua su proceso de construcción. Estoy seguro que las fuerzas armadas responderán al llamado de la nación para continuar, la coadyuvancia en apoyo a la seguridad pública, sí continuarla, porque no es algo nuevo; sino que es un recurso que se viene utilizando desde hace más de 20 años, particularmente desde la declaratoria de guerra a las drogas en el sexenio de Felipe Calderón.

Por otro lado, la confianza de la ciudadanía en las autoridades de seguridad parece ser distinta, no solo la percepción de inseguridad se redujo en el último trimestre del año pasado, sino que, de acuerdo con la encuesta nacional de Seguridad Pública Urbana, (ENSU), del primer trimestre de éste año, (elaborado por el INEGI), la Marina es la institución de seguridad que más brinda confianza a los habitantes de zonas urbanas, pues 9 de cada 10 habitantes así lo consideran, lo que representa el 86.2% de la población del país, seguida por el Ejército que cuenta con el 83.4% de aprobación.

Puede ser también una explicación por la que el Gobierno Federal haya decidido aprovechar esta coyuntura, pues ante el incremento del crimen, la escalada de violencia, la pandemia que azota al mundo, la afectada situación económica y el mermado sistema de salud, no quedaba más que echar mano del único recurso con el que cuenta la nación para afrontar los complejos escenarios; nuestras fuerzas armadas.

Había que utilizar la capacidad de logística, el compromiso por México, la ética, el espíritu de cuerpo, los hospitales y su capacidad de adaptación, como los campamentos sanitarios para recibir a voluntarios de aislamiento; las aeronaves, vehículos todo terreno y unidades de superficie; estado de fuerza que ya se encuentran operando con el Plan Marina y el Plan DNIII. Era evidente que antes de que el Estado se viera rebasado en materia de seguridad, también se encomendaría al Ejército y la Marina la protección de la ciudadanía.

A pesar de todo, debemos velar para que esta cooperación se establezca bajo el marco jurídico adecuado, con funciones muy bien delimitadas así como con la temporalidad legal, ética y moralmente muy bien acotada porque; si bien las fuerzas armadas están dispuestas a servir a la patria, se deben al pueblo, a la democracia y a nuestra carta magna que en su artículo 129 constitucional constriñe el actuar de los militares en tiempos de paz.

Se debe analizar y aceptar las fallas en la política de seguridad para corregirlas inmediatamente, preocupa que se avance en la militarización de la seguridad pública de México y que se retrase el camino que realmente debemos construir; que es la conformación y profesionalización de nuestras policías.

Si por el bien de la nación y la seguridad de nuestros ciudadanos las fuerzas armadas deben sumarse a las tareas de seguridad pública, es tan bien muy deseable, que su participación vaya decreciendo y que antes del 27 de marzo de 2024, como lo establece el Decreto, se vea concretada la conformación profesional y necesaria de la Guardia Nacional; es apremiante para que el Estado pueda garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos. No confundamos, militarizar la seguridad pública de México no le conviene ni al pueblo ni a nuestras fuerzas armadas.

 

Asesor en Inteligencia Digital / Analista en Seguridad Nacional

@IvanStudio