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Corrupción y legalidad

 6 dic 2020
Por: Otto Granados

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Otto Granados

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Otto Granados Roldán es un funcionario público, académico, consultor y diplomático mexicano. Desde e ...

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Desde hace ya varios años, pero de manera monotemática en los últimos dos, la narrativa de la corrupción se ha vuelto el mantra según el cual todos los males surgen de ahí, y por tanto todos los bienes llegarán de su erradicación; pero el problema es que en el mundo real de México, de América Latina y de muchos países, incluso de Asía, avanzar en esta cuestión es bastante más complicado de lo que ha querido vender el Gobierno Federal, o dicho de otra forma: es el pretexto que ha utilizado para esconder el desastre económico, social y de salud en que el país está metido.

Pongamos las cosas en una perspectiva sincera y realista, y es que ciertamente una de las asignaturas pendientes más relevantes para México es el cumplimiento de la ley y la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Por diversas razones hoy es posible tener una radiografía más fiel y una comprensión relativamente más clara del fenómeno de la ilegalidad en México, y uno de los primeros hallazgos que arroja esa fotografía es paradójico, pues por un lado hay más información del problema, y teóricamente instrumentos más eficientes para su prevención y control; pero por otro los datos revelan que pese a ello, la magnitud de la corrupción no tiende a disminuir. Por ejemplo, en una encuesta del pasado mes de septiembre, cuando se le preguntó a la gente cómo había cambiado el problema en su opinión, el 85 por ciento dijo que percibe igual o mayor nivel de corrupción que hace seis años.

Otros informes recientes sugieren que en el México del 2020 los problemas de corrupción subsisten; por ejemplo, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional del año pasado, y que es una encuesta global, México se ubicó en el lugar 130 entre 180 países medidos de acuerdo con sus niveles percibidos, y obtuvo 29 de 100 puntos posibles en la calificación internacional, lo que representa prácticamente lo mismo respecto a 2018.

Por lo tanto, con estos datos, lo que hay que preguntarse es si la honestidad es un valor bien arraigado en el tejido social y psicológico del mexicano. Veamos: una limitación estructural y casi endémica para la práctica rutinaria de la legalidad consiste justamente en el respeto que la ciudadanía sienta, tenga y practique por la la ley y las instituciones; por lo general los estudios de opinión arrojan una demanda importante a este respecto, pero en los hechos el compromiso de los ciudadanos con la legalidad es más bien bajo. La ilegalidad es un hecho de la vida pública, y un rasgo de la conciencia privada, incluye a una buena parte de la población, es decir mexicanos que no son delincuentes, pero que viven fuera de la ley en un aspecto fundamental de sus vidas.

La conclusión es que este desencuentro con el Estado de Derecho suscita una de las dificultades más graves en la construcción de una cultura cívica que afiance los hábitos democráticos. El problema por supuesto es muy complejo, tiene que ver con un serio déficit en el modo como se transmite y como se internaliza el valor de la legalidad en los procesos de socialización de los niños y de los jóvenes, tanto en la familia, como en las iglesias, la escuela, y los medios, que son los formadores iniciales, pero también se relaciona con una falta de incentivos para cumplir la ley, y con una especie de colapso en el sistema que transfiere valores dentro de una comunidad mediante el efecto imitación, es decir, lo que hacemos todos respecto del resto de la comunidad; y aquí está, pienso yo, una de las claves para empezar un proceso de mejora, y que consiste en cómo hacer que las instituciones articulen un ambiente que proporcione a las personas los incentivos para tomar la decisión más conveniente dentro de una variedad determinada de opciones, de suerte que cumplir la ley, con independencia de lo que haga el resto, sea visto como intrínsecamente valioso.

En otras palabras, en México la ley, buena o mala o peor, no se entiende como la referencia suprema a la cual debemos sujetarnos, sino como un bien sujeto a interpretación, negociación o transacción, que se viola o se cumple dependiendo de circunstancias políticas, económicas o mediáticas (como pasa ahora), y no porque el ánimo colectivo asuma que cumplir con la ley es parte del orden natural de las cosas en un país civilizado.

Mientras el conjunto de los mexicanos no superemos esta tara, podrá seguir hablándose de ella, o usándola políticamente, pero el problema seguirá, impidiendo el verdadero progreso del país, y el bienestar de la mayoría de sus integrantes.

 



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