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Nuestro presidencialismo

 7 feb 2021
Por: Juan José Rodríguez Prats

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Juan José Rodríguez Prats

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Juan José Rodríguez Prats es un abogado y político mexicano, miembro e ideólogo del Partido Acción ...

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La Revolución Mexicana concibió nuestra versión moderna de presidencialismo. Un sistema político con concentración de poder propuesto por Venustiano Carranza, quien a su vez lo tomó del texto La Constitución y la dictadura del jurista Emilio Rabasa. Los constituyentes de Querétaro aprobaron las excesivas atribuciones del Ejecutivo federal en 1917. Paradójicamente, cuando Francisco I. Madero proclamaba la necesaria limitación del autoritarismo de Porfirio Díaz, la tercera transformación, como se le ha denominado, culminó con una nada sutil imitación del estilo del viejo caudillo. A lo anterior se agregó la pieza que faltaba, un simulacro de partido político creado por Plutarco Elías Calles para distribuir el poder sin resquebrajar la estabilidad política. El autoritarismo hizo el resto.

Este andamiaje se sustentaba en dos principios definidos por don Adolfo Ruiz Cortines: “El poder presidencial tiene dos limitaciones: el término sexenal y el sentido de responsabilidad de quien lo ejerce”. Agregaba, además, que los cinco minutos más difíciles y trascendentes de quien ocupaba esa suprema magistratura eran los que anticipaban la designación del sucesor. Ese sistema nunca se consideró definitivo y consumado, por eso cada sexenio impulsó reformas que lo tornaron más legítimo y democrático. Por siete décadas hubo estabilidad y desarrollo con graves fallas que reiteradamente han sido señaladas.

El actual Presidente jamás habría obtenido el cargo en aquel esquema. En otras palabras, nunca habría habido un dedazo que lo señalara por obvias razones. Fueron necesarios muchos cambios, logrados en su último tramo por el periodo conocido como PRIAN. Sí, el voto de la ciudadanía ha sido el factor determinante para elegir a nuestros últimos cuatro presidentes.

¿Han sido positivos los cambios para el pueblo de México? Creo que sí, pero si así no fuera, la solución no es, como hoy pretende López Obrador, el retorno a lo peor del pasado. No nos queda más remedio que seguir impulsando la democracia. Y aquí entra la necesaria y monumental tarea de mejorar el desempeño de la institución más importante para lograrlo y cuyo papel en la historia de México ha sido muy marginal, teniendo apenas algunos destellos que nos hablan de su existencia: el Poder Legislativo, nuestras asambleas parlamentarias, nuestros congresos estatales y federal, “nuestras cajas de resonancia de los problemas nacionales”.

Sean regímenes parlamentarios o presidenciales, en este siglo XXI se confirma que lo esencial de la política es la deliberación. Y los recintos más idóneos, aunque no los únicos, son los institucionales. No hay otro método para tomar las mejores decisiones y diseñar las políticas públicas adecuadas. Es la mejor manera de asignar los recursos del pueblo y evaluar sus resultados con el consecuente deslindamiento de responsabilidades. La función más importante del mal llamado Poder Legislativo es mejorar el quehacer político. De ahí emanan sus deberes fundamentales: saber discutir, confrontar ideas, respetar la verdad, esclarecer los hechos. Es la pieza más difícil de integrar y la más compleja de una democracia. De ella depende un elemento sustancial e imprescindible: un eficiente Estado de derecho.

De todo lo anterior, inferimos la enorme importancia, por crucial y definitorio, del próximo proceso electoral, del cual habrán de surgir los integrantes de nuestra Cámara de Diputados y de casi todos los congresos locales. Por experiencia personal, habiendo pasado por cinco legislaturas, me atrevo a afirmar que el deterioro del debate ha sido el más grave en nuestra historia. No se ha entendido qué es un auténtico trabajo parlamentario, la enorme responsabilidad de ser control del poder y de hacer leyes que cumplan los fines conforme a los cuales fueron concebidas.

La tarea es de nuestra clase política y de la ciudadanía. El tema da para mucho.

 



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