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ASF

 4 mar 2021
Por: Otto Granados

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Otto Granados Roldán es un funcionario público, académico, consultor y diplomático mexicano. Desde e ...

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La presentación del más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre el primer año del gobierno de Morena, ha exhibido, de forma escandalosa, no solo una profunda incompetencia, sino también el desorden y la corrupción que existe en la operación de varios programas gubernamentales que se supone debían estar beneficiando a ciertos grupos de la población.

Hay que empezar por recordar que los recursos que administra todo gobierno salen de los impuestos que la gente paga, no son una concesión graciosa del gobernante en turno, ni una dádiva, ni tampoco un acto de caridad. Es dinero que debe ser ejercer no solo con absoluta transparencia, sino también con eficiencia, con profesionalismo y con oportunidad para que realmente resuelvan problemas, es decir, tan grave es que una autoridad se embolse dinero, como que lo desperdicie, lo derroche o lo gaste en proyectos que van a ser un fracaso, o en caprichos personales como ha venido sucediendo en el país en los últimos años. 

Pues bien, la Auditoría superior reportó en varios informes muy voluminosos de probablemente cerca de 2 mil quinientas páginas, reportó por ejemplo que en la ejecución de un programa de becas llamado Benito Juárez, hubo irregularidades en los pagos por 263 millones de pesos, entre las cuales destacan las faltas de los recibos de pago, es decir, no se comprobaron si llegaron o no a los beneficiarios o bien que un total de 355 de los denominados servidores de la nación recibieron 17 millones de pesos a pesar de estar cobrando por partida doble en las secretarías en las que trabajan y como prestadores de servicios en este programa de becas. Tampoco hubo claridad en los censos, ni se explicó por qué se les pagaron a unas familias y por qué se dejaron de ayudar a otras.

Otro ejemplo es que al menos 72 titulares de las familias beneficiarias que recibieron la beca ya habían muerto antes de que esta les fuese entregada, un hecho que a Auditoría no pasa por alto es que se gaste más dinero en honorarios para el personal que las propias ayudas a las familias necesitadas. Esta circunstancia es más grave cuando se detectó, por ejemplo, que en estados como Chiapas y Oaxaca que no recibieron apoyos para los estudiantes son de los estados que más dinero gastaron en honorarios, 64 millones de pesos entre las dos entidades.

Otro caso muy grave fue que el desenterrado organismo llamado Seguridad Alimentaria Mexicana, lo que era antes la Conasupo, causó un posible daño al erario público por 3 mil 396 millones de pesos. Por ejemplo, no pudo acreditar de manera documental y correcta el pago de 516 millones de pesos a productores de trigo para pan. Otra observación es que en los inventarios reportados de maíz y de frijol presentó un saldo equivalente a mil 819 millones de pesos, pero a la hora de realizar los inventarios, de checar lo inventarios físicos, solo encontraron que había equivalentes a 323 millones de pesos, de manera que no se pudo comprobar donde estaba el resto de los granos equivalentes a casi mil 500 millones de pesos que son los que se presentan en los registros contables. 

Y un tercer caso distinto al de los informes de la Auditoria, pero como lo informó ayer el diario español, El País, el Ejército mexicano se las ha arreglado para dejar sus cuentas en la oscuridad pues durante el año 2020 ha gastado en compras unos 32 mil millones de pesos, pero solo ha hecho públicas las contrataciones por una quinta parte de esa cifra. 

Bueno, de hallazgos como estos está lleno el informe de la Auditoría y el resultado es escandaloso. Y es escandaloso además porque, como la economía cayó 8.5% el año pasado, como el número de desempleados creció en casi 3 millones en enero de este año, comparado con enero del año pasado según reportó el INEGI y como no hay vacunas suficientes para atender el covid, entonces la eficiencia y la transparencia en el gasto público se vuelve mucho más urgente que nunc y es inadmisible que este gobierno haya sido incapaz de atenderla. 

En conclusión, es probable que todo esto sea el antecedente de un aumento en los niveles de pobreza que va a llevar la cifra oficial a cerca de 60 millones de mexicanos y de la cual México podrá recuperarse hasta dentro de vinco o seis años para volver a los niveles de 2018. 

Por donde quiera que se vea y por más explicaciones que se quieran ofrecer, esta es la verdadera tragedia de estos años.

 



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