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jueves 5 de agosto del 2021 1:09 PM, Veracruz, México.
 
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Entre lo privado y lo público

 4 jun 2021
Por: Ricardo Homs

El caso judicial promovido por el fiscal Alejandro Gertz Manero en contra de la señora Laura Morán Servín, hoy de 93 años de edad, quien fuera pareja sentimental de su hermano Federico Gertz Manero durante más de 50 años, acusándola de la muerte de su hermano por negligencia en su atención durante su enfermedad, en estricto sentido es un tema privado y del ámbito familiar. Sin embargo, hay una pequeña circunstancia que lo hace diferente y es que don Alejandro no es un ciudadano común como todos nosotros, sino la máxima autoridad judicial del país y eso presupone un contexto atípico.

Por tanto, las acciones que él promueva y el modo como conduzca el caso tienen gran simbolismo y significación, pues nos describe lo que podremos esperar del funcionario público que detenta todo el poder del estado en el ámbito judicial y cuáles son sus criterios para aplicar la ley. Por ello, en estricto sentido su caso se convierte en un asunto de interés público.

En todo el mundo la vida privada de los funcionarios públicos y gobernantes es pública, pues define su carácter, valores, e incluso, proyecta indicadores de su ámbito ético y moral.

Sin entrar en pormenores del caso, los cuales deben analizar las autoridades competentes, y solo tomando como referencia lo publicado en medios de comunicación, como lo son el artículo realizado por Mario Maldonado, así como lo difundido por los periódicos El País y Reforma y revistas como Proceso, por citar algunos, este caso se ha convertido en asunto público y es posible tenga impacto en la imagen del fiscal, en la de la FGR y principalmente en la credibilidad de todo nuestro sistema jurídico, pues sentará un precedente fundamental respecto a imparcialidad y acceso a la justicia.

Doña Laura Morán Servín está libre, pero su hija Alejandra Cuevas Morán está presa con las mismas acusaciones, no obstante que ya es una mujer que ronda los setenta años de edad y además, no vivía con su mamá y don Federico en las fechas en que sucedió el cuadro clínico que el hoy fiscal reclama a doña Laura. Por tanto, ¿Cuál es su responsabilidad?

Cuando sucedió todo esto, en 2015, doña Laura era una mujer de 88 años de edad, que estaba más en necesidad de que a ella la cuidasen, que lista para asumir la responsabilidad jurídica por la salud de su pareja.

Lo que en este espacio periodístico nos preocupa no es tomar posición respecto a quien tenga la razón en este asunto tan complejo, donde se mezclan responsabilidades por la muerte de don Federico, pero también temas económicos respecto a la herencia que también está en disputa, sino el hecho de que existe un indiscutible desequilibrio de fuerzas entre quien acusa, que posee un poder absoluto y por contraparte la vulnerabilidad de las acusadas.

¿Cómo se garantizará la imparcialidad en el juicio y la posibilidad de que las inculpadas tengan acceso a la justicia?

Simplemente la posición del acusador genera suspicacias respecto a si el juez, aun sin que exista una presión directa del funcionario que acusa, no caerá en la tentación de fallar a favor del fiscal para agradarle en un tema tan sensible para él, o por temor fallará a su favor.

Esto pone a prueba a todo nuestro contexto jurídico, pues de no darse garantías de imparcialidad en este caso tan sonado, en el que las inculpadas son la abuela, la madre y la tía de la esposa del gobernador Alfredo del Mazo, el ciudadano de a pie sentirá siempre su propia vulnerabilidad frente a los posibles abusos de poder.

Por tanto, no sólo es una prueba para el fiscal y la fiscalía, sino para todo el sistema jurídico.

Por la relevancia del caso y la posibilidad de que no haya equidad real aunque existiese la intención, será importante blindar el proceso judicial quizá con la participación de instancias internacionales que certifiquen la imparcialidad.

POSDATA

La respuesta que ha dado el gobierno del presidente Biden al reclamo del gobierno de México respecto a las aportaciones que dependencias gubernamentales de ese país han entregado a la fundación Mexicanos contra la Corrupción que preside María Amparo Casar, en el sentido de que Estados Unidos continuará apoyando a quienes trabajen en contra de este flagelo, la corrupción, da un mensaje claro de cuál será la política exterior de ese país: trabajara guiándose por principios y valores éticos y no acomodando sus acciones a las circunstancias.

Seguramente al presidente Biden le llama la atención la incongruencia que representa que el gobierno que se ostenta como enemigo de la corrupción y que ha centrado como su principal reto erradicarla, vea como enemiga a una fundación nacida de la sociedad civil que tiene los mismos objetivos. El sentido común nos indica que debiesen incluso hacer una alianza y sumar esfuerzos. Sin embargo, el presidente los califica como sus adversarios.

Parafraseando a André Breton, padre del surrealismo, cuando calificó a México como país “surrealista”, ¿podríamos decir que tenemos un gobierno surrealista?

Sin embargo, debemos destacar que el tono asertivo de la respuesta augura un viraje en su actitud respecto a México. Esto implica que la diplomacia mexicana debe ser desarrollada, en lo referente a ese país, con delicadeza, claridad y apego a los protocolos internacionales y no con improvisaciones y subjetividades.

Afortunadamente nuestro canciller tiene la experiencia y oficio para cumplir esta encomienda con eficacia, siempre y cuando se le deje trabajar con libertad. Ese será el reto.

¿Lo dejarán?

¿A usted que le parece?

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www.ricardohoms.com

 



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