México siempre ha tenido miedo. Rectifico, ha sido gobernado con miedo. Desde nuestros orígenes como nación, y de eso da cuenta el gran historiador Miguel León-Portilla en su Visión de los vencidos, nos asustan los augurios, los presagios. Vemos amenazas, peligros. A veces, y tal vez sea lo más grave, tememos a la competencia y de ahí nuestro fervoroso afán de protegernos. No ha sido gratuito ese síndrome, acuñado lentamente. Hago un arbitrario repaso.
Desde nuestra independencia hemos estado a la defensiva; hemos sido reactivos, no proactivos. Desde el primer enviado extraordinario y ministro plenipotenciario Joel R. Poinsett (1825-29) se percibieron amenazas a nuestro país y claros propósitos de intromisión en nuestros asuntos internos.
Con Benito Juárez nace el Estado y se conciben políticas públicas sustentadas en la Constitución de 1857. Ese proyecto sí apostaba por la apertura, por una economía liberada de ataduras burocráticas y por atraer capitales para nuestro desarrollo. Porfirio Díaz dio continuidad a esos propósitos. La Revolución mexicana no se proponía una política diferente, tampoco los gobiernos de Obregón y Calles, quienes tenían claros fines integracionistas. Recordemos los Tratados de Bucareli, suscritos por el primero y la fuerte influencia de Dwight Morrow en el segundo. El surgimiento del nacionalismo revolucionario, con su partido hegemónico y su estructura corporativista se dio con Lázaro Cárdenas, con la fuerte influencia de Lombardo Toledano. Me remito a los hechos para señalar este punto de inflexión en el sistema político mexicano.
Se concibió un proyecto nacional endógeno con un claro fin: desprenderse de la dependencia de Estados Unidos. Los viejos sentimientos de percibir amenazas y peligros acuñados desde nuestra vida prehispánica emergieron con todo fervor. No pasó de ser una buena intención que no trascendió el término sexenal.
Hoy se intenta resucitar aquel acariciado y frustrado “proyecto de nación”. Me remito a las palabras presidenciales: “Sí aceptaría cambios a la reforma en materia de electricidad, siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia? Que la industria eléctrica sea una industria estratégica, propiedad de la nación, de todos los mexicanos. Se debe garantizar que la generación y distribución de la energía no tenga propósito de lucro y que el manejo de la industria esté bajo la rectoría del Estado mexicano”. Todo eso se podría englobar en un solo rubro: “Demagogia jurídica”.
El término estratégico de estirpe militar se incorporó al lenguaje jurídico en 1982 con Miguel de la Madrid. Nunca fue definido. Se intenta asimilar con autosuficiencia, área delicada a la que debe protegerse de la influencia de particulares o extranjeras y a la que debe dársele prioridad. Sector que por su alta relevancia se considera como exclusivo del Estado. Todo eso hoy es fantasía. Pedir que no haya lucro, pero permitir al mismo tiempo inversión privada es una inmensa contradicción. Insistir, por último, en la rectoría del Estado es una redundancia inútil. Una de las graves fallas de nuestros legisladores ha sido no entender las parcas y escuetas normas jurídicas y sus limitados alcances.
No tiene caso que las leyes ordenen lo imposible, pues están condenadas a su desacato. Ese es el caso de nuestra mancillada Constitución.
El siglo XXI, apenas en el inicio de su segunda quinta parte, ha demolido paradigmas y creado prototipos de buenos gobernantes. En nuestro caso, parafraseando a Ortega y Gasset, diríamos que es necesario liberarnos de la superstición del pasado. No nos dejemos seducir como si tuviéramos inscritos en nuestro pretérito.
El Estado mexicano está en su momento más débil, decadente e ineficaz de su historia. Lo que más debe evitarse es entrar en luchas perdidas. Más valdría focalizar los esfuerzos a sus fines elementales.
