Al escribir esta columna, se informaba sobre la enésima crisis política del gobierno de Pedro Castillo en Perú. El ministro del Interior, Avelino Guillén, presentó su renuncia irrevocable el viernes 28 debido a que el presidente no lo ha atendido para resolver un grave problema en su sector: los ascensos de los nuevos altos mandos de la policía peruana. En las últimas semanas, Guillén mostró su desacuerdo con las decisiones de Javier Gallardo, jefe de la policía, quien ha buscado retirar a oficiales destacados y desactivar varias áreas especializadas que luchan contra el crimen organizado y el narcotráfico. El desenlace ha sido la salida de Guillén, quien era uno de los ministros más probos del actual régimen.
El lunes 24 y martes 25 se emitió la entrevista que el periodista de la cadena CNN en Español, Fernando del Rincón, le hizo el presidente Castillo. En ambas entregas se evidenció por qué Guillén terminó alejándose del Gobierno: por falta de claridad y decisión. En efecto, durante la conversación con Del Rincón, se observó a un presidente que no tenía idea sobre la enorme responsabilidad que lleva sobre sus hombros al personificar el futuro de 30 millones de peruanos. Si la semana pasada indicábamos que la administración de Castillo padeció en seis meses de falta de transparencia, poca capacidad para elegir buenos cuadros y no establecer una hoja de ruta para gobernar, esto se debe en parte porque el presidente no se decide qué rumbo desea tomar.
Cuando Del Rincón le preguntó al presidente Castillo por qué insistía en rodearse de personas con tan bajo perfil, no explicar sus reuniones clandestinas con lobistas dentro y fuera de Palacio de Gobierno y no esclarecer dudas sobre su nexo con movimientos ligados al terrorismo. El silencio y la falta de autocrítica eran las respuestas. Sin embargo, eso no era lo más grave. En el plano internacional, Castillo cometió una irresponsabilidad al deslizar que podría brindarle a Bolivia una salida al mar cuando, bajo la actual Constitución, eso configura traición a la patria y su inmediata destitución del cargo presidencial. Lo más penoso también sucedió cuando el presidente fue incapaz de señalar que Venezuela, Cuba y Nicaragua son dictaduras que violan derechos humanos a diario.
La entrevista de Del Rincón a Castillo dejó claro que no tenemos presidente en Perú. Este cargo le queda muy grande al maestro sindicalista que, el año pasado, apareció con su discurso antiestablishment para derrotar a Keiko Fujimori, quien tuvo el apoyo unánime de la derecha, los grupos económicos y los medios de comunicación en Perú. Si bien se tenía la idea de que el régimen de Castillo podría tener muestras de inexperiencia, nadie estimaba que estaría ya muy desgatado políticamente sin llegar al año. Por ejemplo, una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) indica que está desaprobado en la lucha contra la corrupción. La idea de que el gobierno de Castillo es corrupto sigue calando en la opinión pública. Pero también hay otro factor.
Si los desaciertos de Castillo continúan, el más perjudicado será la izquierda peruana. Durante años, esta corriente criticaba a los gobiernos de derecha que se instalaban en el Gobierno. Denunciaban puertas giratorias, represión a las comunidades indígenas y consolidación de su modelo neoliberal. Sin embargo, una vez instalado en el poder, la izquierda ha demostrado su incapacidad, falta de autocrítica y doble moral para señalar sus propios errores y remediarlos. En este panorama, además, provoca indirectamente que el discurso de la extrema derecha gane más adeptos al identificar que este “gobierno del pueblo” es un rotundo fracaso y no tiene un horizonte definido en el que pueda cambiar.
Del Rincón le preguntó al presidente Castillo si iba a terminar su mandato. Él respondió que “sí”. La realidad, sin embargo, nos hace notar que es poco probable que este Gobierno llegue al 28 de julio de 2026 si continúa con una ruta sin rumbo. El Perú se merece un presidente que, por ahora, está ausente.
