Hace unas semanas, el gobierno de la Ciudad de México tomó la decisión de aumentar los costos en las tarifas del servicio de agua en 165 colonias de la capital, medida que debe ser evaluada desde la perspectiva técnica, financiera y ambiental, para poder precisar su impacto ante la sostenibilidad del recurso público, aunque si dicha decisión fuese plenamente política, una acción que podría ser efectiva terminaría por derrumbarse a sí misma, ya que no induciría ningún cambio importante en los patrones de consumo ni fomentaría una gestión benéfica sobre el agua, además que, los usuarios utilizarían dicha iniciativa como represalia en futuras elecciones políticas.
Durante los últimos años, se ha demostrado con datos sólidos el claro aumento ante la crisis hídrica en el mundo, además de exponer la correlación existente entre la disponibilidad, o en su defecto, la escasez del recurso y los precios que se pagan o no por él. Aunque el problema no es reciente, aún no se logra comprender la dimensión del problema, que repercute directamente en la sostenibilidad de las ciudades del país a largo plazo.
A pesar de que dicha problemática no es exclusiva del país mexicano, es fundamental resaltar que el modelo tradicional de gestión del agua, conformada por la administración municipal, los precios artificiales, la falta de incentivos para su mayor aprovechamiento y la escasa cultura de reúso, hacen que dicho esfuerzo se vuelva inviable.
México y Aguascalientes viven una situación crítica frente a dicha materia, según los dos últimos programas nacionales hídricos, de continuar con los mismos patrones de consumo, para el año 2025 el país entraría por debajo de lo 3,500 m³ por habitante por año, cifra recomendada por los estándares internacionales, sin embargo, si las necesidades de agua por abastecer a las ciudades continúa en aumento durante los próximos 20 años, entre la oferta y demanda, podría alcanzar los 23 mil millones de m³. Por su parte, la agricultura de riego, muestra perdidas de agua en un 50%, y el aumento en la producción de alimentos supondría que las extracciones de agua incrementen un 55% para el año 2050.
En el caso de Aguascalientes, y de otros 22 estados de la república entre ellos la capital, que padecen estrés hídrico alto, los efectos sobre los desequilibrios del recurso y de pocas temporadas de lluvia son claros ante la existente sobreexplotación de las aguas subterráneas, el déficit de disponibilidad, el abatimiento de acuíferos, entre otros problemas.
Mundialmente, existe una aceptación generalizada en el sentido de que el agua es una cuestión de seguridad nacional, y que es necesario el uso de nuevas políticas que traigan consigo la reducción de la extracción, el derroche y contaminación del agua, que asimismo, dependen de que el recurso disponible para los usuarios presente precios reales y cambie la injusta y desproporcionada distribución entre el sector agropecuario y el resto de los sectores económicos, además de aumentar la eficiencia de los sistemas de tratamiento y reutilización del recurso.
Sandra Postel, una de las principales expertas en la materia advirtió que, los problemas derivan en que la valoración que se hace del agua no es cercana en lo absoluto a su valor real, ya que fijar precios exageradamente bajos, perpetua la ilusión de abundancia y de que no se pierde nada por su despilfarro.
La idea de agua libre y gratis para todos se volvió contraproducente, en la medida en que se fomenta su empleo ineficiente, además de amenazar las capacidades y las reservas comprometiendo el futuro de todo el sistema hidrológico, dejando a la espera de que las administraciones actuales y futuras comprendan la magnitud del problema y sean serios y responsables en su manejo.
