Precisamente por estos días, hace 28 años, Carlos Salinas de Gortari, ante la lamentable pérdida de Luis Donaldo Colosio como candidato a la Presidencia de la República, consultó con Carlos Castillo Peraza la posibilidad de una reforma constitucional para eliminar el requisito a los funcionarios públicos de renunciar con seis meses de anticipación a la elección y así tener más opciones para designar al sustituto. La respuesta del dirigente del PAN fue contundente: nuestro partido no apoya legislar para el caso; la ley, por un elemental principio de generalidad, no debe ser modificada.
Se dice que Gustavo Díaz Ordaz le propuso a Jesús Reyes Heroles modificar la Constitución para suprimir el absurdo requisito de ser hijo de padres mexicanos nacidos en México para que él pudiera ser candidato a la Presidencia de la República. El político veracruzano no dudó en responderle que eso sería cambiarla con dedicatoria, despojándola del sustento ético del que nunca debe prescindirse.
Toda proporción guardada, hace casi 90 años, el Parlamento alemán aprobó la ley conocida como “habilitante”, que le concedió amplias facultades al canciller Adolfo Hitler, dado el peligro que representaban los grupos opositores ante la quema del Reichstag (recinto parlamentario), señalando a comunistas como responsables. Hay indicios de que el incendio fue causado por los partidarios del dictador.
Una de las promesas de nuestro presidente consistió en que “Nadie por encima de la ley, nada al margen de la ley”, frase de José María Iglesias. Hoy, cada vez se constata más que él se ubica viendo la Constitución como un peldaño y dejando en el desamparo legal a algunos de sus adversarios.
Al Estado se le denomina de diversas maneras, en función de su desempeño como sujeto de derechos y deberes. Es acertada la expresión del jurista Diego Valadés, “Estado maltrecho”, al referirse a nuestra situación.
Nuestra Constitución, además de ser un mal documento jurídico, es violada con el mayor desparpajo. En otras palabras, ni en la teoría ni en la práctica podemos presumir de ser un auténtico Estado de derecho.
Las iniciativas son deficientes y se distorsionan aún más en su proceso de discusión. Me recuerdan aquella máxima que señala que un dromedario era un caballo antes de someterse al análisis del Poder Legislativo.
Leer que se intenta incorporar al texto constitucional que la electricidad es un derecho humano —un servicio que todos debemos disfrutar— es otorgarle a la ley efectos mágicos. Eso es una proclama o parte de un plan de desarrollo, pero ni remotamente una norma jurídica.
El propósito de retornar a esquemas de prohibiciones a los particulares para invertir en las mal llamadas áreas estratégicas obedece a la absurda idea, contraria a la más elemental técnica legislativa, de proteger al Estado de la acción de los ciudadanos.
Desde el inicio de la llamada 4T en la implementación de la política en materia de energía se dio reversa a las reformas que buscaban detonar al sector como factor clave del desarrollo económico. El mal ya está hecho, basta con ver las cifras. Modificar la ley en el afán de hacerla definitiva dificulta a las próximas generaciones la posibilidad de corregir uno de los mayores males (que ya es un decir) causados por este gobierno.
En resumen, hacer leyes es la tarea más delicada de los órganos del Estado. Un error provoca, más temprano que tarde, un daño irremediable. Cuando hoy se habla de grandes propuestas y planes hacia el futuro, lo primero que debe exigirse es que se cumpla con la protesta que se hace al asumir un cargo: “Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. Nos guste o no, el verbo guardar es sinónimo de conservar. He ahí el primer deber: preservar el orden, la estabilidad y la gobernabilidad que sin duda, es la más grave falla que los mexicanos padecemos.
