Durante siglos, reyes y emperadores no dieron ninguna explicación del destino de los impuestos. Su patrimonio personal se confundía con el patrimonio fiscal. El principio del fin del absolutismo y la democracia moderna, empiezan en 1215 con una carta que nobles y productores obligan a firmar al rey Juan sin Tierra, donde lo limitan a decretar impuestos solo con la aprobación de ellos. También en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino (1224-1274), uno de los grandes pensadores del cristianismo, afirma que si los impuestos no son aplicados al bien común se convierten en rapiña. Termina con el pensamiento cristiano anterior que consideraba justos todos los impuestos fijados por los reyes porque su poder venía de Dios.
La justificación moderna de los impuestos está en su destino. La democracia supone una división real de poderes, lo que implica un Congreso que supervisa, limita y aprueba para qué se deben utilizar los impuestos y leyes que castigan a quienes los desvían de su fin, que no debe ser otro que el bien de la sociedad.
La actual presión del poder ejecutivo para que los ciudadanos paguen más impuestos y la persecución a sus evasores, no se justifica moralmente si a la vez no hay transparencia en su uso y no se castiga a quienes en el gobierno federal, estatal, municipal o en los poderes legislativo y judicial, los dilapidan, desvían o se los roban. Cuando una autoridad de cualquier poder o nivel no aplica los impuestos al bien común, los deslegitima y - como dijo Tomás de Aquino - se convierten en rapiña. La justificación de los impuestos es teleológica, es decir, con relación a su fin. Si no hay un fin legítimo, que es el bienestar social y no el de un funcionario, se equiparan a un robo y no hay una obligación ética de pagarlos. Queda solo el miedo a la represión por parte del estado, como en los regímenes despóticos, absolutistas y dictatoriales.
La actual política gubernamental de denunciar y castigar a quienes evaden o se atrasan en el pago de impuestos debe ser acompañada, para tener una justificación social y moral, de su transparencia, su aplicación al bien común y el castigo a todos aquellos funcionarios que no dan cuenta de su destino e impunemente hacen ostentación de las riquezas obtenidas con los impuestos que se robaron.
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Profesor de Economía Política
