Que en el Estado de Puebla surjan unas autodenominadas autodefensas que no nacieron para combatir a los criminales, -sino para echar fuera un alcalde-, nos habla del nacimiento del germen de insurrección social para resolver problemas políticos y su alto nivel epidemiológico.
La creatividad mexicana permite que cualquier oportunidad exitosa se vuelva multifuncional. Tendemos a extralimitar todo.
Los pobladores del municipio de San Gabriel Chilac, -al sureste del Estado de Puebla- quieren echar a la calle a su alcalde por corrupto y dan pruebas, lo cual amerita una investigación profunda y cárcel si se le comprueba. Para ello crearon el Frente Común de Resistencia Civil Pacífica (FCRCP).
Lo grave es que ésto pone en evidencia que los cauces institucionales ya no operan y la gente no confía en el estado de derecho. La sociedad, -cuando se organiza-, está rebasando a sus autoridades gubernamentales.
Sin embargo, al margen de la legitimidad de las demandas, el camino de las armas para un conflicto político, gubernamental o ciudadano no es viable.
Denuncian los pobladores de Chilac que el presidente actual se apropió durante su administración de 111 millones de pesos y por ello hoy se levantan en armas para impedir que el próximo 14 de febrero tome posesión el nuevo alcalde, Rigoberto David Martínez, del Partido del Trabajo.
Este grupo para legitimarse ahora también tomó el discurso de la inseguridad, para subirse a la tendencia de moda y recibir la protección de la nueva actitud tolerante del gobierno federal respecto a las autodefensas de Michoacán y además, recibir apoyo de estos organismos.
Sin embargo, el origen de este movimiento poblano es claro y ello establece radicales diferencias. Sus demandas son legítimamente ciudadanas y relacionadas con problemas vinculados a la administración pública y la política y no la inseguridad.
De propagarse esta actitud ciudadana, se puede llegar a un grave peligro de ingobernabilidad.
Cada vez que un movimiento social tiene éxito o alcanza notoriedad, de inmediato pretende ampliar su radio de influencia fuera de sus demandas originales y convertirse en una fuerza política de alto impacto, heterogéneo y multifuncional.
Una muestra de esta tendencia nos la han dado los sindicatos, como ha sucedido con SUTERM, de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como la CNTE, por citar sólo dos organismos, que fuera de sus atribuciones de representación sindical han pretendido intervenir políticamente en temas que les son ajenos como organización laboral: la reforma energética.
Desde la justificación de la representatividad moral vinculada a un tema, para entonces brincar a otro, el tema de las autodefensas representa un peligro de seguridad nacional.
La problemática de las autodefensas rompe con cualquier consideración política de derechos ciudadanos porque involucra un movimiento armado, -justificable en Michoacán por el peligro que implican las agresiones de los cárteles contra la población civil que generan riesgo para la vida humana- y la pasividad y -hasta en muchos casos complicidad-, de los funcionarios locales.
Ésto exige, -con la ley en la mano-, plantear urgentemente el caso michoacano y quizá también el guerrerense como excepcional, lo cual es riesgoso si no se acota su alcance, fuera de las circunstancias y contexto de la problemática de la Tierra Caliente, incluyendo una temporalidad en cuanto a vigencia.
La forma en que los pobladores de San Gabriel Chilac se levantaron en armas y tomaron los cuatro módulos de Seguridad Pública de la localidad justificando el hecho según palabras de su vocero, -Francisco Alfaro Rodríguez-, “por estar hartos de la pobreza y de los fraudes de los partidos de izquierda que tienen ya 20 años gobernando el municipio”, abre la puerta a un nuevo estilo de resolver conflictos, el cual de aceptarse invalida el principio de autoridad que se deriva del estado de derecho.
Llegó el momento en que los delitos cometidos por funcionarios realmente tengan consecuencias graves para ellos, -ya sea en el ámbito de la corrupción, abusos y mal uso del poder-, como un modo de resolver el grave problema de la frustración ciudadana. Que la cárcel sea el lugar donde lleguen los malos servidores públicos si el delito lo justifica.
Por otra parte, rescatar el estado de derecho con visión de cero tolerancia.
Se debe reestructurar totalmente el sistema de justicia y no solo remendarlo.
El ex presidente Ernesto Zedillo en varias ocasiones ha dado en el último año la voz de alerta respecto a que un pendiente fundamental es la reforma judicial.
