La autoridad moral es lo que se ha perdido en la mayoría de nuestras instituciones sociales y políticas y por ello sobreviene el desorden en que vivimos cotidianamente.
Por ejemplo, el grave daño que hizo el sacerdote Marcial Maciel, -fundador de los Legionarios de Cristo-, a la Iglesia Católica, -al igual que todos los otros sacerdotes que a lo largo del mundo también han sido acusados de pederastia-, consiste en que por un lado daban discursos moralistas, pero por otro su conducta privada era incongruente con su mensaje y con la expectativa que generaba su imagen como representantes de Cristo.
El discurso de índole moral siempre debe estar respaldado por una conducta intachable y una imagen de honorabilidad por parte de quien se atreve a invitar a quienes le rodean a ser mejores personas y actuar honestamente. Sin embargo, portar el hábito religioso hoy ya no es suficiente para generar autoridad moral. Es incuestionable que cada uno de los sacerdotes que con su vida honorable da ejemplo de valores cristianos, son los que logran mantener su autoridad moral sobre los feligreses.
La autoridad moral se construye a lo largo de los años, pero se pierde con un solo error o un acto desafortunado que logre ser reprobado por la sociedad.
En otro ámbito fundamental de la formación moral vemos que el magisterio ha sido manchado en su autoridad frente a los alumnos por las imágenes de violencia que han ejercido unos cuantos maestros, -minoría perteneciente a la CNTE, por cierto-, que han impactado en una profesión fundamental para formar la conciencia cívica de las próximas generaciones de mexicanos.
Sólo a título personal los maestros con vocación de servicio y responsabilidad ciudadana, -que son congruentes con su conducta-, pueden rescatar la autoridad moral perdida como grupo profesional y logran tener credibilidad.
En el ámbito gubernamental y político sucede lo mismo. Se ha perdido la autoridad moral y con ello la credibilidad. En México lo que prevalece desde los últimos años es la desconfianza.
Las campañas transmitidas por TV, radio, -así como las entrevistas-, son recursos mediáticos de los que han abusado quienes gobiernan y lo que se ha generado es incrementar la desconfianza.
La realidad es que el único camino para rescatar la credibilidad y ejercer autoridad moral es el ejemplo que nace de actuar correctamente en el mundo real.
Las campañas que pronto veremos para motivar el pago de impuestos, -que debiese ser una responsabilidad ciudadana, como sucede en otros países-, carecen de impacto porque vemos que mientras las autoridades aumentan los impuestos, las instituciones gubernamentales incrementan el gasto y todos sabemos que habrá despilfarro y en muchos casos hasta corrupción en el gasto corriente. Esta actitud incongruente mata cualquier sentimiento de responsabilidad ciudadana que todavía sobrevive en algunos sectores de la sociedad mexicana.
El combate a la delincuencia también está marcado por esta sombra de incredulidad ciudadana. Todos sabemos que la delincuencia ha infiltrado a todas las instituciones gubernamentales, policíacas, ministerios públicos, jueces, -por citar algunos-, y ello ha propiciado no sólo el surgimiento de autodefensas ciudadanas, sino también brotes de agresividad ciudadana como el linchamiento de dos personas sucedido en la comunidad Chacté del municipio de San Juan Cancuc en los Altos de Chiapas el jueves 6 de febrero.
La pérdida de autoridad moral por parte de las instituciones del Estado Mexicano en el ámbito de la seguridad y la impartición de justicia está impactando negativamente en la vigencia del estado de derecho; los ciudadanos sienten que deben autoprotegerse y pueden hacerse justicia por su propia mano.
Hay dos consideraciones que debemos hacer para dimensionar este problema tan actual. Primeramente, una relativa a la temporalidad, -o sea comparar la actual con otras épocas-, lo que sucedía antes, con lo que vivimos ahora.
¿Antes todos los funcionarios y gobernantes eran moralmente intachables?. ¿Por qué antes las instituciones mantenían autoridad moral, mientras que hoy la han perdido?.
Debemos reconocer que las debilidades humanas han existido siempre y con ello la corrupción. Sin embargo, hasta hace unas poquísimas décadas difícilmente permeaban estas facetas oscuras y moralmente cuestionables de los gobernantes y los líderes sociales, políticos y religiosos hacia la población y entonces sí se podían construir mitos de honorabilidad que mantenían engañadas a las grandes masas. Había un abismo entre los poderosos y el pueblo.
En cambio, hoy es imposible que alguien con fama pública lleve una vida reprobable en lo profesional, -e incluso hasta en lo privado-, sin que en algún momento no sea descubierto por sus detractores y adversarios y a través de las redes sociales se haga ésto del ámbito público. Entre mayor sea la fama pública del sujeto cuestionado, mayor será el interés de los medios de comunicación masiva por llevar el tema que impacta las redes sociales a ámbitos abiertos y de mayor influencia social. Por tanto, la vulnerabilidad de los poderosos se ha incrementado últimamente. La transparencia hoy debe ser total.
La otra consideración es de índole geográfica. ¿En otros países no hay corrupción?.
Entre los miles de escándalos que aparecen continuamente en la prensa vemos por ejemplo el que involucra a la infanta Cristina, -hija de los reyes de España Juan Carlos y Sofía-, y a su marido Iñaki Undargarin por actos de corrupción de la organización Nóos, que éste dirige.
Hasta hace muy poco tiempo, la familia real era intocable, e incluso contaba con una incuestionable reputación.
Todos sabemos de miles de casos alrededor del mundo que involucran a gobernantes de alto nivel de países con liderazgo. Sin embargo, aún sabiéndose de casos graves de corrupción tanto en Estados Unidos como en Europa, -por ejemplo-, las instituciones públicas son fuertes y ejercen liderazgo moral. Por tanto, el pueblo vive en un contexto cotidiano de honestidad, confiando en sus autoridades y sintiéndose protegido por sus instituciones.
En cambio en México ni confiamos en las autoridades, ni en las instituciones y nos sentimos vulnerables por la manipulación que funcionarios corruptos ejercen sobre las instituciones del Estado Mexicano en un ambiente de complicidad a todos los niveles.
Pero peor aún, esta falta de autoridad moral ha contaminado a la ciudadanía y la corrupción aflora en todos los niveles gubernamentales y ciudadanos.
Los gobernantes tachan de corruptos a los ciudadanos y desconfían de ellos, -lo cual es inaudito que lo hagan patente públicamente-, y los ciudadanos actúan de forma deshonesta justificándose en la corrupción gubernamental.
Robo de energía eléctrica, compra de gasolina robada y productos piratas, evasión fiscal, morosidad en las deudas, etc.
El sueño de muchísimos mexicanos es poder entrar a laborar en dependencias de gobierno para participar de la corrupción que mientras están afuera critican duramente.
¿Cómo explicar que los mexicanos al cruzar la frontera con Estados Unidos nos volvemos responsables, ordenados y respetuosos de las leyes y al regresar a México volvemos a nuestras conductas viciadas?... ¿Y los jóvenes norteamericanos que al cruzar la frontera con México se vuelven destrampados y pierden respeto a nuestras leyes hasta que regresan a su país y se comportan como siempre han sido?
Aquí, -para entender nuestra crisis de autoridad moral y valores-, aplica el dicho de “¿qué es primero, el huevo o la gallina?”.
¿Quién debe dar el primer paso para romper el círculo vicioso de la corrupción?... ¿el gobierno o la ciudadanía?
Podríamos sugerir que es la capacidad de movilización social por parte de instituciones totalmente ciudadanas para presionar a las autoridades para que cumplan sus responsabilidades, lo que podría consolidar una autoridad moral incuestionable y transparente, para rescatar a éste país.
Con todo lo anteriormente expuesto podríamos concluir que difícilmente un movimiento así podrá tener credibilidad si surgiera de las instituciones tradicionales, de gobierno, políticas, y religiosas a no ser que se sustentase en una acción radical que debe iniciarse con una política de cero tolerancia a la corrupción por parte de los más altos niveles gubernamentales. Ésto significaría castigar con cárcel a los funcionarios que actúen inmoralmente en el desempeño de su trabajo, sea quien fuere y en el ámbito público que fuese.
Hoy más que nunca urge el surgimiento de líderes sociales que tengan una trayectoria limpia que garantice su credibilidad y blinde su poder de convocatoria con autoridad moral.
